La madrugada del 3 de julio, en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique quedó al descubierto una organización criminal que utilizó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para traficar droga desde la Región de Tarapacá hasta Santiago.

Las querellas presentadas recientemente por el Ministerio de Seguridad y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los cinco exsuboficiales involucrados, detallan la coordinación entre ellos para traficar ketamina en vuelos de la institución estatal. Y muestran el nivel de organización que alcanzaron, los roles de cada uno y los montos involucrados.

Las acciones judiciales interpuestas por ambas instituciones ante el Juzgado de Garantía de Iquique se basan en los delitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita. Querellas que fueron ingresadas nominativamente en contra de del excabo 2° Elías Villalonga, el excabo 1° Mauricio Ponce, el excabo 2° Danilo Rivas, el excabo 1° Rodrigo Silva y la excabo 1° María Fernanda Rebolledo.

Una jerarquía establecida

Los cinco imputados, quienes se encuentran en prisión preventiva en Alto Hospicio, Santiago 1 y la cárcel de San Joaquín, lograron trasladar droga, al menos, en tres ocasiones desde el norte hacia la capital.

Toda operación seguía el mismo modo de operar: se adquiría la droga en el norte, se almacenaba en domicilios particulares y se transportaba en maletas hacia los vuelos institucionales.

Según la indagatoria, la organización criminal traficó ketamina en enero, mayo y julio, mes en el que fueron descubiertos. La banda, compuesta únicamente -hasta ahora- por funcionarios de la FACh, tenía un líder: Elías Villalonga Martínez, quien según las acciones judiciales se encargaba de coordinar las operaciones, planificar los traslados y designar los roles que tendría cada integrante.

Más abajo en la cadena delictual estaban los “brazos operativos”, cuyos colaboradores también tenían tareas asignadas. Por ejemplo, el excabo 1° Mauricio Ponce, mandatado por Villalonga, era quien coordinaba cómo viajaba la droga y se encargaba de contactar a los otros funcionarios para ver la logística del envío, así como también de mantener comunicados a todos los demás integrantes.

Danilo Rivas, por su parte, era quien almacenaba la droga, la recibía en su domicilio, por parte de civiles aún no identificados, y se aseguraba de que dichos estupefacientes fueran trasladados, por él mismo, hasta la base aérea de la FACh.

En ese lugar operaba Rodrigo Silva, quien trabajaba en la base como mecánico y se encargaba se subir la maleta contenedora de droga al avión, logrando burlar los controles de seguridad.

Ya en el avión, según el Ministerio de Seguridad y el CDE, tenía un rol la tripulante María Fernanda Rebolledo, quien debía asegurarse de que la droga fuera trasladada sin pasar los controles y debía ayudar a entregar la maleta con los estupefacientes ya en Santiago.

En la acción judicial presentada por el Ministerio de Seguridad, la entidad encabezada por Luis Cordero da cuenta que los funcionarios “se valían de su calidad de funcionarios públicos, omitiendo los controles preventivos establecidos en las bases aéreas”.

Según la querella del CDE, “este esquema permitió a la organización ejecutar al menos tres envíos de ketamina, con ganancias ilícitas estimadas en más de 60 millones de pesos por la sola distribución de los 4 kg incautados, sin contar los beneficios derivados de operaciones anteriores”.

La negativa al test de drogas

En la causa judicial que lleva adelante la Fiscalía Regional de Tarapacá existen antecedentes entregados por la Fiscalía de Aviación al Ministerio Público.

Entre este expediente existe un informe del funcionario Danilo Rivas, quien -según dio a conocer radio Biobío- tenía varios registros fotográficos de drogas y armas.

El excabo, según pudo conocer La Tercera, se negó a realizarse un test de droga, tal y como quedó estipulado en informe del Servicio Médico Legal (SML), institución que el 11 de julio intentó tomar la muestra a Rivas.

Según el documento, el exfuncionario firmó el acta en que rechazó entregar una muestra de pelo, aquello en medio de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía de la Aviación.

En paralelo a la investigación penal, la FACh también ha avanzado en su indagatoria administrativa. Según solicitó al tribunal, funcionarios de la institución requirieron autorización para ingresar a las cárceles en la que los exmilitares cumplen su prisión preventiva para poder entrevistarlos.