Aunque la defensa del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) en el marco de la causa por fraude al Fisco ha insistido en que la asesoría de Carla Graf sí se realizó, y que se materializó de manera verbal y sobre asuntos de estrategia política, la versión que la defensa ha entregado ha ido variando.

Primero, como ha descrito el Ministerio Público, la defensa de Graf se plegó a la idea de que las asesorías eran verbales y que, por lo tanto, no existía el denunciado fraude al Fisco que pesquisan los persecutores.

Sin embargo, en 2025 hubo un giro. En septiembre de ese año, el abogado que en ese momento la representaba, Matías Canales, presentó 66 minutas e informes referentes a análisis asociados a asuntos de salud, vivienda y becas.

Pero esos documentos, conforme estableció un peritaje de la PDI despachado en diciembre del año pasado, resultaron ser falsos. Como publicó este medio, los peritos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Coyhaique arribaron a la conclusión de que era materialmente imposible que esos insumos hubiesen sido elaborados por Graf en función de la asesoría que supuestamente prestaba al entonces diputado.

Aunque dicha conclusión permitió a la Fiscalía afianzar la teoría del fraude, tanto contra el senador como de Graf y otros imputados, la defensa de Calisto se ha desmarcado.

Según el abogado del parlamentario, César Ramos, su representado nada tiene que ver con esos documentos que aportó en su momento el abogado de Graf. Es más, sostuvo que sirven para probar que tanto ella como su marido, el imputado Roland Cárcamo, no han tenido pudor en falsear antecedentes para intentar salvarse de las imputaciones y perjudicar al congresista.

“El senador Miguel Ángel Calisto nunca ha sostenido que la asesoría de la señora Graf se tradujera en la elaboración de informes mensuales, trimestrales o periódicos. Su versión ha sido siempre la misma. Se trataba de una asesoría desarrollada principalmente mediante reuniones, de orientación estratégica y definición de objetivos vinculados con su agenda parlamentaria y política", manifestó el penalista a este medio.

Junto con ello, Ramos también hizo presente que les llama la atención que la Fiscalía no esté investigando la presentación de pruebas que se catalogaron como falsas o eventualmente una posible obstrucción a la investigación.

Pese a las dudas levantadas públicamente por la defensa de Calisto, fuentes del Ministerio Público afirman que el equipo que investiga este caso -liderado por el fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky- no ha desatendido lo referente a la presentación de pruebas falsas.

Esto, precisamente en atención a lo que consagra el artículo 269 bis del Código Penal, que fija sanciones a quien “a sabiendas, obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables, mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeren al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación”.

Eso sí, las mismas fuentes aclaran que hoy no hay indagatorias concretas sobre el punto, pues primero se buscará que en el juicio oral al que espera llegar la Fiscalía respecto de la denominada causa madre, la del fraude, se establezca por parte del tribunal que esos informes son falsos. O sea, esperaran a tener lo que se conoce como verdad judicial.

Una vez que eso ocurra, según conocedores de los pasos que ha dado el fiscal regional en esta causa, se tomarían las definiciones que correspondan.

Al ser consultados vía correo electrónico por el asunto, sobre si se mantenían o no diligencias relacionados con la presentación de pruebas falsas, desde la Fiscalía Regional de Aysén indicaron: “En relación a su consulta sobre los informes que de acuerdo con un peritaje de la PDI resultaron ser falsos, la Fiscalía evaluará -en su momento-, adoptar la decisión que en Derecho corresponda respecto de los involucrados".

El análisis

Al aventurarse en torno a las personas que serían objeto de análisis en una eventual nueva arista de este caso, conocedores del proceso comentan que quienes surgen como primeros “sujetos de interés” son Carla Graf y Roland Cárcamo.

Sin embargo, también suman a ese listado al abogado Matías Canales, pues en el inciso tercero del mismo artículo 269 bis se lee: “El abogado que incurriere en las conductas descritas (aporte antecedentes falsos) será castigado, además, con la pena de suspensión de profesión titular durante el tiempo de la condena”.

Fue Canales, como se advierte en el expediente del caso, quien hizo llegar a los investigadores los informes vía email.

Pese a que aún no existe una nueva arista por estos hechos, las mismas fuentes señalan otro antecedente. Uno de ellos apuntó al hecho de que fue el propio abogado de Calisto, César Ramos, quien cuando alegó el desafuero ante la Corte Suprema el desafuero -cuando su representado era diputado-, hizo mención explícita a los informes que ahora se catalogan como falsos. De hecho Ramos, aquella vez, los presentó ante el máximo tribunal.

“Hoy Carla Graf sí tiene defensor y su abogado hizo lo que todo abogado haría. ¿Qué documentos tienes de respaldo del trabajo que realizaban? Así su abogado defensor, el 12 de septiembre pasado, acompañó al Ministerio Público 66 minutas e informes de respaldo del trabajo de doña Carla Graf en apoyo de la función parlamentaria del diputado Miguel Ángel Calisto”, dijo el abogado la jornada del 29 de septiembre de 2025 en alusión a los documentos expuestos por la defensa de Graf.

A esas alturas, el peritaje de la PDI que estableció la falsedad de dichos documentos no había sido despachado y, por tanto, todas las partes desconocían el resultado de la diligencia.

Consultado respecto de dicho punto, el penalista insistió en que el senador siempre ha recalcado que la asesoría “era prestada preferentemente en reuniones presenciales realizadas los fines de semana, cuando el entonces diputado viajaba a Coyhaique. Jamás ha dicho que consistiera en la elaboración de informes estadísticos periódicos”.

De la misma forma, planteó que cuando en medio del alegato en la Suprema sumaron los cuestionados informes de Graf, recién habían tenido conocimiento de los mismos.

“Ni el senador ni esta defensa habíamos tenido conocimiento de su existencia. Por eso, una vez que vimos esos antecedentes, el 12 de septiembre de 2025, evidentemente nos llamó la atención, pedimos copia de ellos, los obtuvimos a tres días del alegato y los presentamos inmediatamente ante la Corte Suprema, como una prueba nueva”, apuntó.

Según detalló, pensaban que se trataba de minutas que Graf podría haber elaborado con estadísticas que se hubiese preparado y usado como insumos para las reuniones y conversaciones que ella tenía con el parlamentario. “Eran antecedentes que había que revisar y por lo tanto, su existencia podría justificar que no se acogiera, en ese momento, el desafuero”, recordó.

“Sin embargo, luego de efectuados los alegatos, vimos que el detalle de tales informes mostraba evidencias irrefutables de falsedad. Tenían datos que a la fecha de su supuesta elaboración no existían y utilizaban términos que no son usuales en las materias tratadas. Por ejemplo, decir becas en vez de subsidios. Por lo tanto, en el mismo sentido del informe de la PDI, se trata de informes falsos acompañados por la señora Graf a la investigación, que dan cuenta de una clara falta de compromiso con la buena fe y la lealtad procesal", aclaró Ramos.

*Esta nota fue actualizada a las 16.40