“Revisar la estrategia judicial que busca recuperar más de mil millones de pesos del programa ‘Quédate’, financiado por el GORE y garantizado con pólizas contratadas por ProCultura con la aseguradora Aspor”.

Ese era el tema que se detallaba el llamado de pauta que envió la Gobernación Regional Metropolitana para este martes. Es que a eso de las 13.00 horas el gobernador Claudio Orrego se reunió con el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Quintana, para abordar las acciones que ha seguido el ex-DC para la restitución de los fondos entregados a la fundación comandada por Alberto Larraín para el programa de prevención del suicidio.

En ese camino, como detalló Orrego hace unos días en Mesa Central, de T13, el GORE es representado por el CDE, aunque la convocatoria generó rápidamente extrañeza. Principalmente, porque a pesar de que el gobernador ha sido enfático en que buscarán que los dineros no ejecutados ni rendidos por ProCultura sean devueltos, él aparece como imputado en la investigación que tiene en la mira a la cúpula de dicha ONG y otros funcionarios públicos.

Sin ir más lejos, en los pasillos del Ministerio Público no dudaron en sostener que ese encuentro podría ser parte de una estrategia un tanto curiosa. Apuntaban a lo “incómoda” de “esa foto”. “Imagínese cuando se tengan que querellar en su contra o -por el contrario- cuando tengan que explicar el porqué no lo hicieron”, sostuvo una alta fuente del organismo persecutor.

Y es que Orrego no es un mero espectador o “víctima” de ProCultura. El primer fiscal de este caso, Carlos Palma, intentó allanar el GORE e incautar su celular, previo a que lo sacaran de la investigación por sus vínculos con Luis Hermosilla. Luego, el equipo de Cooper no solo lo citó a declarar como imputado, sino que le levantó el secreto bancario con orden judicial. Es decir, es un “imputado de tomo y lomo”.

Las interrogantes

Fuentes consultadas por La Tercera aseguran que es “extrañísimo” que se reunieran en este contexto, pues más allá de que contra Orrego no se han formalizado imputaciones, ni acusaciones por ningún delito, lo cierto es que él es uno de los sujetos de interés en esta indagatoria. Esto, por los nexos que mantenía con Larraín, por la forma en que se gestó el programa en cuestión y porque ciertas conversaciones extraídas del celular del psiquiatra fueron generando sospechas sobre su participación en eventuales ilícitos.

Los más críticos, incluso, deslizan que se podría estar instrumentalizando al CDE, “aprovechándose” de que su titular, el abogado Raúl Letelier, está fuera, aunque hace algunos días el actuar de la entidad ya había generado molestia en la UDI, por la “demora” que han tenido en la ampliación de la querella presentada.

Pese a dichas posturas, al interior del CDE desdramatizan el asunto e insisten en que la reunión se da en contexto de la representación que tiene el organismo respecto a la Gobernación por la restitución de los dineros.

Además, fuentes consultadas por este medio dan cuenta que, de la revisión que se ha hecho hasta ahora de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa del caso, no les han permitido concluir, por ahora y con seriedad, que Orrego pudiera tener algún grado de responsabilidad. Insisten, eso sí, que aquello es hasta el momento.

En base a los análisis que se han llevado adelante, comentan desde la entidad, sí avanzarían en la ampliación de la querella ya presentada contra la otrora representante legal de ProCultura, Constanza Gómez, pero, en primera instancia, centrándose únicamente en la cúpula de la fundación. Luego, advierten, se analizará el rol de otros actores y eventualmente de funcionarios públicos.

Consultados por La Tercera respecto a cómo se gestó la cita y el objetivo que se persigue, desde el Gobierno Regional Metropolitano declinaron referirse al tema, aunque en medio del punto de prensa que brindó tras el encuentro, Orrego sostuvo: “Nosotros nos querellamos en contra de ProCultura a principios de 2024. Y una semana antes de mi segunda vuelta electoral, una abogada de la plaza presentó una querella contra mí, que es la única razón por la cual soy imputado. No hay ningún requerimiento de la justicia. En consecuencia, no hagamos más especulaciones. Hemos sido diligentes”.

Desde CDE, en tanto, no hubo respuesta alguna.

¿Quién es Rodrigo Quintana?

Rodrigo Quintana es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso. Actualmente integra el comité contencioso administrativo del CDE. En el pasado, entre otros cargos, fue asesor político y legislativo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2000- 2002) y defensor nacional de la República de Chile (2002- 2006).

Los últimos meses generó polémica porque, como reveló La Tercera, fue uno de los profesionales a los que la exsenadora Isabel Allende habría consultado en medio del proceso de la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Es un viejo conocido en el Partido Socialista. Incluso, al menos hasta 2017, era parte del directorio de Imaginacción, la empresa de comunicación estratégica de Enrique Correa, el exministro concertacionista que históricamente ha mantenido lazos con la Fundación Salvador Allende.

Por esas conexiones, de hecho, es que también se ha cuestionado que se reúna con Orrego, un hombre que siempre ha sido cercano a la ex Concertación.

Diligencia clave

Lejos de lo que ocurre en Santiago, durante este martes y miércoles, el nuevo equipo que lidera la investigación por ProCultura, y que encabeza el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sellará el traspaso definitivo de la indagatoria.

Por lo mismo, el persecutor se trasladó hasta la Región de Coquimbo, donde anteriormente estaba radicada la indagación, para reunirse con su par Patricio Cooper, quien fue removido de la cabeza de estas pesquisas tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas realizadas a la exesposa de Larraín, Josefina Huneeus -lo que hoy fue ratificado por la Suprema-.

La idea de la cita no es solo tomar todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, las pruebas y los archivos tanto físicos como digitales recabados, sino que también conocer más al detalle de las hipótesis que manejaba Cooper y el camino que había trazado. Esto, con miras a avanzar en nuevas diligencias y con la mayor brevedad posible.

Este martes los especialistas trabajaron en la revisión de los documentos, mientras que este miércoles tendrá lugar la reunión clave entre los equipos. Es que, como insisten en el Ministerio Público, no tienen margen de error ni tiempo que perder, dada la relevancia que ha alcanzado esta arista del denominado caso Convenios.