Indignación causó en la Defensoría de la Niñez la ausencia de decenas de examinadores que no concurrieron a establecimientos educacionales a tomar el Simce, programado para ser rendido por cerca de 272 mil alumnos de octavo básico entre este 22 (Matemáticas) y 23 de octubre (Lenguaje e Historia).

En total, 218 cursos no pudieron rendir la prueba por la falta de examinadores, lo que se traduce en un 3% del total del padrón estudiantil, considerando que 9.200 cursos en el país debían rendir la prueba.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, catalogó “como una situación gravísima las fallas registradas". "Esto constituye una vulneración directa a su derecho a la educación y, por tanto, su abordaje exige medidas inmediatas para reparar el daño", sostuvo.

Quesille planteó que se requiere de “un compromiso firme del Estado para garantizar que esto no se repita. Lo ocurrido hoy, más que un problema administrativo, es una afectación concreta a los derechos de la niñez", aseveró.

La prueba fue reprogramada para los alumnos que no pudieron rendirla, sin embargo, el defensor acusa que esta medida no aseguraría “igualdad de condiciones”. “La improvisación en un proceso de esta magnitud genera frustración e incertidumbre, tanto en las comunidades escolares como en las familias”, indicó.

En ese sentido, Quesille señaló que “el Simce mide cómo se está ejerciendo un derecho fundamental, el derecho a la educación que está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley de Garantías, y cuyo propósito es desarrollar la personalidad y capacidad de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades”.

Con ello, planteó que “no es admisible que el cumplimiento de este deber se reduzca a sanciones económicas sin medidas efectivas para salvaguardar el derecho vulnerado".

"Delegar toda responsabilidad a una empresa no exime al Estado de su deber, porque la responsabilidad última recae en el Estado, quien debe garantizar procesos educativos seguros, dignos y libres de vulneraciones", sostuvo.

Sumado a ello, el defensor hizo un llamado a las instituciones responsables a “adoptar medidas inmediatas para reparar el daño causado, asegurar la continuidad del proceso y establecer responsabilidades claras”.