El proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad fue aprobado por un voto de diferencia en la sala del Senado. La iniciativa beneficiaría a reos condenados por violaciones de derechos humanos y otros delitos.

Bajo esta premisa, las reacciones oficialistas comenzaron a surgir. Entre ellas, la senadora Yasna Provoste (DC), quien una vez finalizada la discusión hizo reserva de constitucionalidad.

“Buscando beneficiar a violadores de DDHH, la derecha en el Senado aprobó dejar en libertad a cientos de violadores, femicidas y abusadores sexuales”, publicó a través de su cuenta en X, donde además, hizo un llamado al presidente electo José Antonio Kast a poner “orden en su sector y deje a delincuentes en la cárcel”.

Durante la discusión que se llevó a cabo el miércoles, el senador Daniel Núñez (PC) encendió el debate al solicitar que se inhabilitara a Javier Macaya (UDI) debido a que su padre podría verse beneficiado.

Tras finalizar el debate, Núñez posteó una publicación por X, donde tildó de ”aberrante" la votación asegurando que la “sala del Senado aprobó en general el proyecto que permite que peligrosos criminales salgan de la cárcel para cumplir las condenas en sus casas”.

La senadora Fabiola Campillai (IND) se sumó a las palabras de los parlamentarios y describió la situación como “una vergüenza”. Asimismo, aseguró que beneficiaría a “violadores, traficantes, asesinos, pederastas...”, entre otros. Campillai concluyó apuntando a la oposición “si un día ve a su agresor en la calle fue gracias a la derecha”.

El proyecto se encontraba en primer lugar de la tabla de discusión en el Senado, lo cual fue duramente criticado por el senador Juan Ignacio Latorre (FA), quien catalogó la situación como las “prioridades de la derecha”.

Los diputados oficialistas también se sumaron a las críticas del proyecto. Lorena Fries (FA) declaró “sin arrepentimiento, colaboración ni cumplimiento efectivo de penas, no puede haber beneficios carcelarios para violadores de DDHH“.

“No dejemos que nos engañen: el verdadero propósito de este proyecto, aprobado en el Senado, es mandar a la casa a los criminales de Punta Peuco”, señaló a través de su cuenta en X.

El diputado Diego Ibáñez (FA) también aprovechó la plataforma para expresar su postura frente a la decisión: “(...) eso no es humanidad, es volver a abrir heridas, es dolor, es impunidad”.

La diputada del distrito 13 Lorena Pizarro (PC) atribuyó la iniciativa a la extrema derecha, enfatizando en que no hace referencia a delitos menores.

“Sepa que no son delitos menores: son genocidas, son violadores de niños, son asesinos, son narcotraficantes. Todos, sin excepción, pueden acceder a estos beneficios. Vaya el gobierno que nos espera. Ojalá seamos capaces de detener tanta barbarie”, declaró.

Desde el mismo partido, el exministro Marcos Barraza catalogó como “¡una vergüenza!" la aprobación. “El proyecto aprobado en el Senado podría beneficiar a cerca de 700 reos, incluyendo más de 300 por crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Por último, la diputada Ana María Gazmuri (AH) compartió los dichos de Barraza, sumando que es “una falta de respeto a todas las víctimas que merecen justicia”.