Nacional

Uso de celulares por parte de profesores será regulado por reglamentos internos de cada establecimiento educacional

La Superintendencia de Educación emitió una circular en la que, entre otros aspectos, se establece que "los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de este año para adecuar sus reglamentos internos".

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La Superintendencia de Educación emitió este viernes una circular en la que fija los criterios de aplicación de la ley que pone fin al uso de celulares y dispositivos electrónicos en los niveles de educación parvularia, básica y media.

Mediante un comunicado, la entidad informó que estas disposiciones son obligatorias para todos los establecimientos con reconocimiento oficial del Estado y que impartan educación en los niveles anteriormente citados, así como aquellos con autorización de funcionamiento en periodo de adecuación.

Asimismo, desde la superintendencia aclararon que la prohibición legal recae en el uso de los dispositivos -celulares, tablets y relojes inteligentes- y no sobre su porte.

También mencionaron que “la ley establece una prohibición general del uso de dispositivos móviles personales durante las actividades curriculares, extendida a toda la infraestructura del establecimiento. Sin embargo, admite excepciones expresamente reguladas, como el uso en casos de emergencia, fines pedagógicos o necesidades de salud”.

En cuanto a los criterios, comunicaron que los reglamentos internos deberán definir las conductas esperadas, las faltas asociadas al uso indebido y medidas formativas o disciplinarias. En este último caso, se debe procurar que éstas sean aplicadas con el respeto correspondiente a la dignidad de los estudiantes.

En el caso de las y los trabajadores de la educación, cada establecimiento deberá regular las condiciones de uso de dispositivos en función de sus labores, distinguiendo entre docencia de aula, horarios no lectivos y recreos. El incumplimiento de estas medidas será materia laboral, regulada en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad“, añadieron.

Estos criterios, al igual que la ley, entran en vigencia al inicio del año escolar 2026. Por ello, los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de este año para adecuar sus reglamentos internos, “en procesos participativos que incluyan a las comunidades educativas”.

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