Las noticias económicas parecen lluvia sobre mojado. Después de que el INE publicara que la tasa de desempleo alcanzó 9,4% en el trimestre terminado en mayo, se publicó que el Imacec —que es un indicador del crecimiento de la economía— cayó 0,9% en mayo.

Las malas noticias económicas no son una novedad, pero la profundidad de las mismas y sus implicancias en la población son sumamente preocupantes.

La emergencia laboral fue anunciada hace ya bastante tiempo; el problema es que los números solo empeoran. El desempleo máximo alcanzado por nuestra economía –con excepción del período de pandemia– se alcanzó en marzo de 2010 y fue de 9,2% (antes de dicha fecha las cifras del INE no son comparables); por tanto, de acuerdo a las cifras del INE, estamos enfrentando los máximos niveles de desempleo en los últimos 16 años, y ello sin considerar que la fuerza de trabajo está subestimada por el alto nivel de desempleo. De hecho, si consideramos los niveles de participación de la fuerza de trabajo previos a la pandemia, la tasa de desempleo efectiva se acerca al 11%, lo que implica más de un millón cien mil personas desempleadas, entre 100 mil y 200 mil personas más en situación de desempleo que lo que indican las cifras del INE.

Para quien estos datos le puedan parecer exagerados, hay cifras peores. Cuando se analizan los empleos formales, es decir, aquellos empleos con pago de cotizaciones de pensiones y salud, se observa que estos han caído 67 mil desde marzo de 2022, indicando que nuestra economía, con el magro crecimiento de menos de 2,0% anual en los últimos cuatro años, no ha sido capaz de generar ni un empleo formal adicional, sino que, por el contrario, se destruyeron empleos formales.

La pregunta que surge naturalmente es: aunque la economía esté creciendo poco, igual está creciendo más que la población; por tanto, el desempleo no debería aumentar.

El problema está en las malas políticas públicas…

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, entre 2023 y 2025, el salario mínimo real creció a un ritmo promedio de 6,9% por año, lo que implicó el mayor incremento salarial —y por tanto en los costos laborales— en más de dos décadas.

A lo anterior, y con el mismo objetivo, se legisló la baja en la jornada máxima de trabajo desde 45 horas a 40 horas, pero sin permitir el ajuste en el salario, lo que implica un aumento real en los costos laborales de 12,5% adicional.

Y si lo anterior no fuera poco, con el objetivo de mejorar las pensiones, se incrementó la tasa de cotización desde 10% a 18,5% —gradualmente—, pero a costo del empleador, lo que se agrega a las ya importantes alzas en los costos laborales.

La realidad es que las buenas intenciones están lejos de ser suficientes para hacer políticas públicas. Y en este caso, igual que en muchos otros, el remedio fue peor que la enfermedad.

En efecto, un estudio del Banco Central indicó que la reducción de la jornada laboral, combinada con las alzas salariales y el inicio del aumento en la cotización previsional, volvió el mercado laboral formal mucho más rígido y selectivo, presionando el desempleo estructural al alza.

Las consecuencias de las políticas públicas realizadas solo con buenas intenciones y sin rigurosidad técnica ya están acá y no queda más que tratar de corregirlas o aguantar el chaparrón. Ojalá este negro período sirva de algo, y no olvidemos jamás que para hacer políticas públicas no bastan las buenas intenciones, que éstas se deben evaluar técnicamente, porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

*La autora de la columna es economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián y directora de Somos Mujeres por Chile.