Columna de Álvaro Ortúzar: Plebiscito en tiempos de cólera



Se puede decir con seguridad que el plebiscito que se avecina ha polarizado al país y que no se advierte que dirigentes políticos, organizaciones que se han creado para sostener argumentos acerca del contenido del proyecto constitucional, ni líderes de opinión, muestren mesura y sensatez, sino incordio recíproco frente a las posiciones para aprobar o rechazar el proyecto.

Como consecuencia, la disputa por las opciones que ofrece el proyecto constitucional ha partido a este país en dos. ¿Qué puede haber producido este fenómeno? Probablemente sea que unos prefieren un sistema en que el Estado intervenga en la conducción de aspectos tan relevantes como la salud, las pensiones y el medioambiente, la creación de empresas estatales más fuertes que las que desarrollan particulares, la entrega de poder territorial, gobierno y financiamiento a pueblos originarios, por mencionar algunas. Y que otros, en cambio, ven que este plan es un peligro para las libertades individuales, está cargado de extrema ideología en contra de la intervención privada en la economía, que el debilitamiento de instituciones republicanas y fundamentales como el Poder Judicial o el Senado es dañina para el debido equilibrio de los poderes del Estado, o que la creación de naciones indígenas con todos los derechos que se les reconocen afecta la unidad y soberanía de Chile y, en fin, que el proyecto no garantiza la seguridad de los ciudadanos al eliminarse el principal estado de excepción que los resguardaba del terrorismo.

Este simple resumen puede explicar que el apoyo a una u otra opción tenga elementos de radicalización. Sencillamente ocurre porque el proyecto es, en sí, un cambio radical y no un ajuste -profundo, por cierto- de las imperfecciones, percepción de abusos, insatisfacción de las necesidades de salud, pensiones y educación, entre otras, que había traído la aplicación de la Constitución del 80 por cerca de 40 años, y que la ciudadanía exigió corregir a través de una nueva Constitución.

La pregunta entonces es si los aspectos buenos, por decirlo así, del proyecto, y los malos arriba descritos, ¿pueden llevarnos a tal extremo, como que nuestro país se hunda si triunfa la opción Apruebo, o que quedamos en la misma situación -la Constitución del 80- con todos sus defectos, si se rechaza?

Ambas son preguntas válidas y nuestra obligación como ciudadanos es respondernos muy seriamente qué haremos al día siguiente del pronunciamiento ciudadano. ¿Se pondrán en pie de guerra los que pierdan y asolarán los triunfadores con su soberbia a los vencidos?

Son pocos los que, desde su condición de autoridades, han formulado un llamado a la sensatez. Entre ellos, el ministro de Hacienda Mario Marcel. Sus palabras recordando que “hay mucho por hacer y es muy importante que todos los sectores colaboren con ellas, sea ganando la opción que les gusta o la que no” reflejan la esperanza de que éste pudiera no ser un plebiscito en tiempos de cólera.

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