Mientras estudiaba en la universidad, trabajando como procurador, aprendí que los abogados tenían que pagar una patente profesional y si alguno no la tenía estaba impedido de ejercer; como es obvio, tenerla no garantizaba el resultado en un juicio, para eso había que trabajar mucho, presentar buenas pruebas y cumplir de manera acuciosa con todos los trámites del proceso.

Durante años, a muchos chilenos los convencieron que los problemas del país derivaban de la Constitución, que el sistema de salud estatal no fuera capaz de brindar una atención oportuna y de calidad, que la educación fallara, que hubiera desigualdad o que la política no convocara a más y mejores ciudadanos, se debía a que teníamos una Carta Fundamental que no había nacido en democracia.

Si durante décadas se le dice a la gente que todos los problemas y carencias son culpa de la Constitución, es razonable que luego crea que todas las soluciones pueden estar en una nueva. Tendremos derechos sociales y bienes públicos de distinta naturaleza al nivel de los países desarrollados si la Constitución los garantiza, se nos dijo. Esta falacia caló tan hondo que la mayoría de los convencionales, algunos capturados por sus ideologías y otros por simple voluntarismo, redactaron una que sería de las más largas del mundo si se llegara a aprobar.

Sin embargo, como el diagnóstico es equivocado -la Constitución no es culpable de todo-, la solución que le sigue también. Una constitución no es eso, no es una suerte de receta de cocina del orden social que provee la manera de obtener bienestar y justicia; si lo fuera, no habría subdesarrollo, pobreza, ni injusticia en el mundo. Ya se habría sabido y varios de nuestros convencionales estarían siendo llamados para que convirtieran en prósperas a las cuatro quintas partes del mundo que no lo son.

Del error y del voluntarismo ideológico se derivó un texto largo, farragoso, a medio camino entre programa de gobierno y utopía, en el fondo aterrador, como son todas las utopías en política. Esto que se nos propone hoy no es realmente una constitución, porque una constitución es el conjunto de reglas que fijan los límites del poder, la manera en que debe ejercerse y los derechos esenciales que están por sobre la deliberación política cotidiana. Una constitución da certezas, contiene las reglas del juego fundamentales, que todos aceptamos y dentro de las cuales podemos competir, para aplicar las diversas opciones de organización social.

Por eso, la Constitución requiere de una adhesión ampliamente mayoritaria, la que es consecuencia de que veamos en ella la garantía de nuestros derechos ciudadanos y políticos. Una buena constitución es, en cierta medida, como la patente profesional de los abogados, el requisito esencial para que los países, si lo hacen bien, se desarrollen, para que las personas puedan desplegar sus proyectos de vida y para que una gran mayoría se sienta parte de un orden social compartido. Lamentablemente, esta propuesta ya no lo fue.