Tesis primera. Chile necesita con urgencia una reforma al sistema de salud. La pobreza es un determinante social crítico en la calidad y oportunidad de lo que puede recibir la población, según muestra la última encuesta Casen. Asimismo, un reciente trabajo chileno escandaliza al demostrar que la diferencia en la expectativa de vida entre el estrato socioeconómico de mayor y el de menor ingreso es de ¡¡¡15 años!!! El acceso a una atención de salud oportuna es una palanca de equidad que se debe afrontar. El foco de este esfuerzo está en la atención a nivel primario y la cobertura financiera. Las listas de espera solo crecen, llegando a más de 320.000 personas que tienen una cirugía indicada, y no la reciben, o el número más alto de la historia de quienes esperan por un especialista a junio de este año. Probablemente el número de fallecidos mientras están en una de estas listas supere los 40.000 a fin de año. Es decir, uno de cada tres chilenos muere esperando una atención.
Segundo: el llevar a una discusión constitucional, en los procesos primero y segundo, el foco del destino de la cotización obligatoria del 7% ha producido una parálisis legislativa que no permite avanzar en ninguno de los múltiples proyectos de mejoría que duermen en el Congreso, mientras nos engañamos con la idea de que un seguro complementario para Fonasa, utópica desde el inicio, o que una supuesta “ley corta” podría estabilizar la precaria situación financiera de los centros asistenciales que no pertenecen al Ministerio de Salud. No se avanza en un Plan Garantizado de Salud, no se perfeccionan los mecanismos para disminuir el gasto de bolsillo en medicamentos, no se sanciona un seguro catastrófico para los beneficiarios de Fonasa, no se reforma el Código Sanitario para permitir que acciones de salud que deberían ser desarrolladas por profesionales no médicos se autoricen, y la mejoría en la persecución del fraude de licencias médicas no tiene urgencia, dilapidando recursos escasos que no están disponibles para tratar a quienes más lo necesitan. El pronóstico que una nueva Constitución será nuevamente rechazada solo ensombrece el panorama para los enfermos, quienes esta vez no marchan.
Tercero: la alternativa de derivar oportunamente a prestadores distintos a los hospitales públicos a quienes esperan por más de un año por el tratamiento de enfermedades como cáncer o artrosis articulares invalidantes, resulta complejo para una autoridad que accede solo esporádicamente a autorizarlas, aunque haya disponibilidad de financiamiento en la Ley de Presupuestos.
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Cuarto: el horizonte de más hospitales públicos se ha nublado al cancelar, una vez más, el mecanismo de participación público-privada en su desarrollo, a pesar de los datos consistentes de su menor costo y más rápida ejecución. Es la fidelidad en los dogmas, que sufre quien menos tiene.
La preocupación ciudadana por la crisis de salud es creciente, y es un tema de Estado. Dejar una pesada herencia al próximo gobierno tiene un precio: muerte y sufrimiento de los más vulnerables.
Por Jaime Mañalich, médico
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