Estamos a días de que ingrese al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y, como cada año, hay expectación por su contenido. No es para menos. La Ley de Presupuestos del Sector Público no es un mero registro de ingresos y gastos: encarna la política fiscal de un gobierno y traduce en cifras sus prioridades. Más que cualquier discurso, dice qué lectura hace el Ejecutivo del contexto económico, qué problemas considera urgentes y con qué mecanismos pretende abordarlos. Si consideramos que el Estado juega un papel decisivo en la economía, no es una ley cualquiera.

Su tramitación tampoco lo es. La Constitución obliga al Presidente de la República a presentar el proyecto con al menos tres meses de anticipación a su entrada en vigencia y da al Congreso sesenta días para despacharlo; si no lo hace, rige el texto tal como fue presentado. Es decir, a más tardar el 30 de septiembre conoceremos las prioridades del gobierno y, a fines de noviembre, lo que el Congreso dijo sobre ellas.

Entre esas prioridades debiera estar, sin duda, la crisis de empleo de las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación de las mujeres alcanzó 10,4% en el trimestre abril-junio, frente a 8,7% en los hombres. Además, solo 53,7% de las mujeres en edad de trabajar participa en la fuerza laboral, contra 71,3% de los hombres, y quienes sí trabajan lo hacen en peores condiciones, con una tasa de informalidad de 28,9% que supera a la masculina y que sigue subiendo. Menos empleo, menos participación y menos protección.

Pero no hay salida a la crisis de empleo sin resolver la crisis de los cuidados. Su ausencia es una de las principales barreras para que las mujeres se inserten y permanezcan en el mercado laboral formal.

Por eso corregir el artículo 203 del Código del Trabajo sobre sala cuna es indispensable. Pero no podemos atender solo los dos primeros años de vida de niños y niñas. Lo que el país necesita es una infraestructura de cuidados para todo el ciclo de vida. Esa infraestructura ya tiene un marco: el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, creado por la Ley Chile Cuida, que reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Acumular leyes, sin embargo, no sirve de nada: sin un financiamiento adecuado, se quedan en el papel.

Nadie discute que el presupuesto debe ser responsable. Pero los cuidados no son un gasto: son condición para el desarrollo. Las estimaciones disponibles indican que cada punto adicional de participación laboral femenina puede sumar cerca de 0,5% al Producto Interno Bruto (Clapes UC). En un escenario de bajo crecimiento, invertir en cuidados es una inversión ineludible.

En pocos días sabremos qué trae el proyecto y qué lugar ocupan los cuidados entre las prioridades del gobierno y, luego, qué quedó de ello tras pasar por el Congreso. Esperamos que la respuesta, honesta, sea lo que las mujeres necesitan.

Por Cristina Vio, Directora ejecutiva ComunidadMujer