Columna de Sebastián Sichel: Pagando deudas políticas con indultos y cosechando tempestades

AGENCIUNO


¿Hay algo entendible en la justificación de los indultos de Gabriel Boric? Quizás sólo una cosa: están por sobre la comprensión de la opinión pública y de cualquier abogado sensato. Hasta ahora los únicos que han sido capaces de defenderlos han sido partidarios del gobierno. Para el resto hay dos posibilidades para entender los indultos. Una, la estricta: creer que esto fue una decisión estratégica. No hay otra forma para comprender que delincuentes contumaces como Luis Castillo, que saqueó el Registro Civil -y con condenas por hurto y robo con violencia-, o condenados después de un recurso de revisión de la Corte Suprema -el caso de Jorge Mateluna- terminen siendo indultados. En ambos casos estriba una convicción: el Presidente y su entorno confían más en su propio juicio jurídico, político o moral que en el de las instituciones democráticas. Por eso en su minuto avalaron las tomas permanentes a colegios emblemáticos y los saltos a los torniquetes.

Al final, parece ser que la institucionalidad es un formalismo cuando se trata de obtener un objetivo político. Y saben que les deben a aquellos que usaron la violencia y están dispuestos a compensarlos. Entonces los indultados ya no son meros condenados por delitos -homicidio frustrado, lanzamiento de artefactos incendiario, hurtos, robos o porte de armas-, sino un eslabón en la cadena que le permitió a Apruebo Dignidad llegar al poder y, por lo tanto, sujetos de compasión política. O bajo la óptica de la rebeldía esnob, un mal necesario para hacer los cambios y, por lo mismo, sujetos de respeto.

En su conciencia saben que sin octubrismo no hay gobierno y que sin tomas a los colegios no hay una generación de dirigentes estudiantiles ahora en el poder. Por lo mismo, quien destrozó un servicio público no es un delincuente, a pesar del trabajo de la fiscalía; ni un asaltante de bancos un condenado a pesar de lo que diga el Poder Judicial, porque basta tener la “convicción personal de inocencia” para creer que no lo son.

La otra forma de entender los indultos es desde la ingenuidad: fue un error. Y todo lo que hemos visto ha sido fruto del amateurismo, ingenuidad o falta de experiencia de quienes nos gobiernan. De que se trata de un gobierno en práctica que puede cometer estos errores. Lo cierto que a esta altura es inverosímil ese argumento. Hemos visto demasiadas personalidades del Presidente como para creer en una sola verdad: uno que aprueba retiros y otro que dice que se equivocó, uno que dice que va a ser un “perro” contra la delincuencia y otro que los indulta; lo que vemos es una autoridad dispuesta a jugar en dos veredas: la institucional y la política; la del respeto al Estado de Derecho y la de la promoción de la rebeldía. En alguna de ellas debe haber una impostura.

El Presidente de la República lisa y llanamente falta a la verdad jurídica cuando por un acto de sicomagia señala que indulta a quienes “no son delincuentes” -el indulto elimina penas, no delitos- y acusa que en el juicio a Mateluna “hubo irregularidades”, obviando lo que tristemente la Corte Suprema le recordó: él es Presidente de la República y, para el Estado de Chile -y el gobierno que representa- todos quienes fueron indultados son culpables, y como vimos en más de la mitad de los casos, con un prontuario a su haber.

Pero lo que es peor, falta a la verdad política cuando no es capaz de reconocer lo ventajosa que ha sido esa violencia para su propio sector político. Parece incapaz de detener la tempestad que desataron esos saqueos e incendios y destrucción del patrimonio de todos, tratando de salvar la situación del regalo del indulto a sus autores, a través de justificaciones peligrosas.

Es necesario recordarle que la paz social en ninguna parte se logra indultando delincuentes, se alcanza combatiendo la violencia venga de donde venga y haciendo que sus responsables paguen sus culpas, independiente de su signo político. Estas no son controversias políticas, como ha tratado de plantear estos días, son asuntos profundamente morales: o se está con la violencia o se está contra ella.

Hoy ultras de derecha y de izquierda usan y coquetean con la cultura de la cancelación, la agresión y la violencia. Sólo cuando tengamos claro el deber de sancionarla, perseguirla y erradicarla de la política tendremos a salvo nuestra democracia.

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