Crónica de una obstinación restrictiva: migración, refugio y papeles

Por Fernanda Stang y Antonia Lara, investigadoras de la Universidad Católica Silva Henríquez

El lunes de la semana pasada varios medios titulaban sobre la presencia de cientos de cubanos agolpados en Extranjería, ante un rumor sobre entrega de visas de refugio. La información señalaba que unas 300 personas llegaron desde distintos puntos del país, pernoctando incluso durante la noche para lograr ser atendidos. Los medios explicaban que las personas vieron en esa información, no confirmada y difundida en redes sociales, una oportunidad de regularizar su situación. Más tarde, otro medio publicaba que desde el Ministerio del Interior se desmentía la información y se advertía sobre sanciones por “mal uso de solicitud de refugio”. A pesar de esta amenaza, al día siguiente la situación no había cambiado, como señalaba otro medio.

Este episodio pone en escena varios elementos que nos interesa considerar: por una parte, la preocupación evidente y angustiosa de las personas migrantes por regularizar su estadía en el país, una constatación que se contrapone con la imagen que se pretende instalar desde cierto discurso oficial, asociando a los migrantes con conductas “ilegales” que se transforman fácilmente en insumos para su criminalización (cuando en verdad se trata de faltas administrativas ocasionadas por las barreras de acceso a la regularidad). Está harto documentado: una de las prioridades de todo migrante es conseguir sus papeles, obtener existencia jurídica. Tanto que una de las principales razones de lucha de los migrantes a escala internacional es justamente esa.

Por otra parte, y como contracara, los sucesos de ese lunes muestran de manera palpable los resultados de políticas migratorias restrictivas como las que se han implementado en Chile, sobre todo en el último par de años: empujar a los migrantes a la irregularidad, por caminos diversos, y laberínticos. La persistencia de este tipo de medidas muestra que esta irregularización es un resultado sistemático, que representa una forma contemporánea de precarización de la mano de obra en el mundo.

Los sucesos relatados remiten centralmente a otro gran tema: el del refugio, una categoría jurídica que busca dar respuesta a las migraciones forzadas, por diversas razones, y que está regulada por un marco normativo específico, internacional y nacional. En este marco más amplio de políticas restrictivas, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado respecto de las solicitudes descendió de manera significativa desde 2015 en el país: del 16,3% en 2014 a un rango del 2,6 al 3,8% entre 2015 y 2019, y esa disminución no se relaciona directamente con el patrón de aumento de las solicitudes. Más bien, como puede deducirse de un informe reciente de la Contraloría General de la República (N° 828/2019, publicado el 20 de octubre de 2020), elaborado por una denuncia de presuntas irregularidades en el proceso de formalización de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, se debe a demoras injustificadas y al requerimiento de trámites que no están contemplados en la Ley 20.430, que es la que regula el refugio en Chile. Por eso, la Contraloría concluye que se está contraviniendo esa normativa.

No es casual además que las personas que llegaron mayoritariamente el lunes y martes a Extranjería fueran cubanos: representan el 30% de las solicitudes de refugio desde 2010 (segundo lugar por nacionalidad), pero entre los trámites reconocidos ni siquiera aparecen desagregados en las estadísticas del DEM, por su escaso porcentaje.

La escena de comienzos de la semana pasada también echa luz sobre lo crecientemente difusa que se vuelve la línea que separa las migraciones forzadas de aquellas que supuestamente no lo son, y sobre la necesidad de pensar de manera seria, articulada, y desde la perspectiva de los derechos humanos, las respuestas de los estados a las migraciones internacionales. A esta altura de los acontecimientos, parece de una necedad obcecada (o de una racionalidad instrumental despiadada) insistir en abordajes restrictivos. Por lo mismo, es cuestionable el aprovechamiento político de esas escenas por parte del Ministerio del Interior, ligándolas a la necesidad de aprobar con urgencia un proyecto de ley de migraciones que es una materialización clara de estos enfoques restrictivos de las migraciones, y que está, justamente por eso, condenada al fracaso.