La madrugada de este sábado comenzó un operativo por parte de las Fuerzas Armadas y la policía de Bolivia en distintas carreteras del país, las que desde abril de este año han sido bloqueadas por manifestantes ligados a diferentes organizaciones sociales.

El despliegue fue denominado como “Corredor Humanitario” y cuenta con 2.500 efectivos policiales y 1.000 militares.

Según Mirko Sokol, comandante de la policía, al menos 50 rutas están bloqueadas, y en primera instancia realizarán intervenciones en las principales carreteras de La Paz, entre ellas el camino hacia Oruro, una de las rutas a Perú.

Esto, como indicó, con la finalidad de liberar las carreteras para permitir el paso de alimentos e insumos médicos hacia la ciudad de La Paz.

En paralelo, el comandante de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que los militares serán elementos de apoyo a los efectivos policiales y que no llevarán consigo armas letales.

Según las autoridades del país ya se cuentan tres personas fallecidas por falta de insumos médicos por los cortes de rutas.

Escalada de las protestas

Si bien entre los manifestantes hay una gran variedad de rubros como mineros, profesores y agricultores, ha tomado protagonismo la Central Obrera Boliviana (COB), ligada históricamente a las administraciones de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce.

Desde la COB presentaron un petitorio al gobierno, que, entre sus exigencias, se menciona un aumento del salario en un 20% y el rechazo de proyectos ligados a la privatización de empresas.

Este 14 de mayo se vivió uno de los momentos más tensos en el país, cuando miembros de sindicatos mineros llevaron a cabo pequeñas detonaciones en la capital administrativa para llamar la atención de las autoridades, lo que llevó al despliegue de las fuerzas del orden para reprimir estas acciones.

Este viernes, la Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó a los movimientos sociales levantar los bloqueos de carreteras. Asimismo, se instruyó al gobierno boliviano a “implementar los mecanismos necesarios para levantar los bloqueos de manera pacífica mediante el diálogo”.

Sin embargo, en caso de que haya resistencia también se determinó que las personas responsables sean procesadas, ya que si bien se permite la protesta pacífica y legítima, la Sala señaló que esta no debe afectar derechos de terceros.

Durante la semana el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo acusó que las protestas están siendo financiadas por grupos “evistas” y mencionó en una entrevista a una radio local que “este es un bloqueo político, con fines de desestabilización”.

Sobre esto mismo, el actual presidente, Rodrigo Paz, dijo también que “esos que intentan desde el pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”.

Además, agregó que Bolivia vive una transición democrática “irreversible” hacia una nueva etapa para la patria.

Varios países latinoamericanos, entre ellos, Chile, Argentina, Costa Rica y Perú, firmaron un comunicado conjunto en que rechazan las acciones “orientadas a desestabilizar el orden democrático”.

Por otro lado, el exmandatario, Evo Morales denunció este viernes la existencia de un supuesto operativo impulsado por Estados Unidos y apoyado por el presidente Paz, para arrestarlo o incluso acabar con su vida.