Desmitifiquemos el TPP-11

El paradigmáticamente controvertido Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11, ya se encuentra ad-portas de su ratificación, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado le diera luz verde, restando su aprobación de parte de su símil de Hacienda y luego la votación en sala en la Cámara Alta.

Este tratado, que agrupa a 11 países, es decir, el 12% del PIB mundial con un mercado de 500 millones de personas, profundiza los lazos y abre mayores puertas no solo a las más de 3.500 empresas que ya exportan a tal región, sino también evita que Chile pierda ventajas competitivas en relación a países que poseen la misma base exportadora, en un contexto de complejo escenario para la economía nacional y ante el auge del proteccionismo mundial.

En esa línea, amplía la posibilidad de que proveedores chilenos puedan ser partícipes como oferentes en las compras públicas de los gobiernos signatarios y, en el mismo, se abarcan temáticas que han adquirido relevancia en los últimos años, tales como compromisos medioambientales, equidad de género y el tan importante comercio electrónico, entre otros.

Bastantes mitos han surgido respecto a su contenido y, en ese marco, hay múltiples postulados e infografías que rondan en la web en una época donde las fake news se insertan fácilmente en la opinión pública. Se han realizado afirmaciones tales como que nuestro país perdería su soberanía -los procesos de integración implican ciertamente algún grado mínimo de cese de soberanía-, así como que Chile sería catastróficamente juzgado en tribunales internacionales en caso de aprobarse -desconociendo los mecanismos de solución de controversias ya existentes en el marco de la Organización Mundial de Comercio- por ejemplo.

Afortunadamente, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ex Direcom, ha desmitificado -sin lograr el mismo impacto- las críticas, y ha difundido los beneficios, no solo a nivel nacional, sino que también particular para cada región. Asimismo, ha quedado fuera de la discusión mediática el hecho de que 20 disposiciones del acuerdo original se suspendieron, incluyendo 11 correspondientes a aspectos de propiedad intelectual.

Si bien los detractores organizados del tratado llamaron a una consulta online dentro de una plataforma propia que, de acuerdo a los convocantes, alcanzó poco menos de 600 mil votantes, es inviable entregarle algún grado de validez considerando, obviamente, su carácter no vinculante, pero, además, la parcialidad de origen, su lejanía a ser un mecanismo institucional de democracia directa y a los grandes límites de acceso a la información -completa,  imparcial y veraz- de los propios votantes en un tema altamente complejo y técnico como lo es un acuerdo de integración.

Sin embargo, no hay que desestimar la participación ciudadana de ninguna manera y, por lo mismo, es destacable que, a lo largo del proceso de ratificación, un gran número de organizaciones de la sociedad civil, la academia, gremios, y otros actores, tuvieron la posibilidad de plantear sus puntos de vista en las comisiones de ambas cámaras. Y, si bien la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados fue por un estrecho margen, en la Comisión de RR.EE. del Senado se aprobó unánimemente dada la firma de un protocolo de acuerdo entre el Minrel y los propios senadores para clarificar los puntos de controversia que precisamente generaron resquemores en algunos sectores.

La ratificación de este importante tratado, más allá de los beneficios comerciales, va en línea con la política de Estado en materia internacional -nuestro país tiene 28 acuerdos comerciales con 64 mercados- y, sobre todo, constituye una relevante señal para la integración en un escenario global de plenas y constantes tensiones comerciales, crisis del multilateralismo y auges proteccionistas.