En esta campaña presidencial, una de las grandes estrellas ha sido la contralora general, Dorothy Pérez. No hay candidato que no la haya invocado a la hora de hablar de probidad, ajuste fiscal y responsabilidad en el uso de los recursos fiscales. Su decidida acción en contra de los abusadores de licencias médicas, ha marcado la pauta respecto de lo que los funcionarios públicos pueden o no pueden hacer y ha establecido una nueva vara de responsabilidad de cara a los desafíos que deberá enfrentar el futuro gobierno.

Sin embargo, en momentos en que este gobierno ha decidido desplegarse completamente al rescate de su debilitada candidata, su presencia se hace más necesaria que nunca. Ministros, subsecretarios, directores de empresas y asesores de gobierno han decidido intervenir directamente la campaña presidencial y apuntalar los vacíos que va dejando el comando de Jeannette Jara. Atacando, interpretando mañosamente o derechamente mintiendo, el gobierno no ha ocultado su intención y decisión de aferrarse al poder a toda costa, sin pudor ni contención alguna.

La línea que separa a un gobierno de una campaña electoral debería ser clara, nítida e infranqueable. Y la propia Contralora así lo definió en un instructivo de prescindencia política, para resguardar la imparcialidad, transparencia y legitimidad del actuar público que rige para estas elecciones y que varios funcionarios no han respetado. El instructivo aborda diversos aspectos, pero hay una frase que es absolutamente categórica, al determinar que los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y estatuto jurídico, no pueden “valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.

Pero la realidad es distinta: ministros convertidos en activistas, subsecretarios en censores de programas presidenciales, directores de empresas públicas como jefes de campaña, y hasta el presidente de TVN, que nunca se ha caracterizado por ser muy recatado en el lenguaje, declara con impudicia que “hay que salir a enfrentar a Kast”. ¿Qué garantías de imparcialidad puede dar el canal estatal organizando el debate de Anatel, si el presidente de TVN es el principal porrista de la candidata oficialista?

La frontera entre gobernar para todos y actuar para unos pocos está rota. Lo que se está viviendo no es solo intervención, es abuso. Abuso de poder, abuso de recursos públicos y abuso del mandato que tienen para gobernar. En lugar de enfrentar la delincuencia, la crisis migratoria, el desempleo o las listas de espera, los recursos y las energías del Estado se están orientando a sostener a la candidatura oficialista, para evitar que se profundice su caída. El gobierno olvidó que sus cargos son temporales, que su deber es con la República y no con un comando político.

Si algún ministro, subsecretario o director de empresas públicas quiere hacer campaña, que renuncie y la haga, pero no a costa de los recursos de todos los chilenos.

La historia de Chile ha sido marcada por gobiernos que cruzaron esta línea y terminaron debilitando la confianza democrática. Porque lo que está en juego no es solo la justicia de una elección, sino la esencia misma de la democracia: que los ciudadanos voten informados, libres de presiones, con igualdad de acceso a la información y sin que el aparato estatal se ponga al servicio de un candidato.

La ciudadanía merece un gobierno que gobierne y un candidato que compita en igualdad de condiciones. Hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Lo que vemos es un Ejecutivo degradado a comando electoral y una institucionalidad democrática tensionada al máximo. Por eso, hoy más que nunca, llegó la hora de que la contralora, Dorothy Pérez, intervenga y haga efectivo el instructivo de prescindencia y aplique las sanciones que correspondan.

Por Cristián Valenzuela, abogado