Los seres humanos somos cortoplacistas por naturaleza, ya que tendemos a privilegiar el presente por sobre el futuro. Mientras más lejano es el horizonte de tiempo, menos valor le asignamos a beneficios y costos futuros, es decir, nos cuesta más internalizarlos. Esta característica —bien documentada por la economía del comportamiento— no solo es una curiosidad psicológica, sino que tiene consecuencias directas en cómo se diseñan políticas públicas y, en definitiva, en cómo se distribuyen los recursos.

La preferencia por el presente ayuda a explicar una tendencia persistente de los gobiernos: priorizar políticas públicas con resultados visibles en el corto plazo por sobre aquellas cuyos beneficios se materializan en el mediano o largo plazo. En palabras simples: los ciudadanos que votan quieren ver resultados ahora, mientras que quienes podrían beneficiarse más de políticas de largo plazo —como los niños— no tienen voz electoral. Si a esto se suma que muchos políticos enfrentan incentivos a maximizar sus probabilidades de reelección, el resultado es previsible: se privilegian medidas de impacto inmediato, incluso a costa de efectos negativos futuros.

La política educacional chilena es un ejemplo elocuente. Durante años se ha privilegiado el gasto en educación terciaria por sobre la educación temprana, a pesar de que existe amplio consenso técnico en que la inversión más rentable —tanto en términos de eficiencia como de equidad— se encuentra en los primeros años de vida. No solo porque los retornos son mayores y más persistentes, sino porque también permite corregir desigualdades de origen antes de que se consoliden. Desgraciadamente, los beneficios de invertir en educación inicial se observan en décadas, no en el próximo ciclo electoral.

El resultado de este sesgo es visible: hoy, aproximadamente 1 de cada 7 pesos del total del gasto público en educación se destina a la gratuidad y el presupuesto en educación terciaria es el triple que el de educación parvularia. Así, se entregan beneficios inmediatos a una población que vota, pero absorbiendo cuantiosos recursos públicos y desplazando la inversión en educación temprana. En el escenario de estrechez fiscal en el que nos encontramos, la propuesta del Gobierno de poner límites a la gratuidad y cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) a sus deudores apunta en la dirección correcta: recuperar grados de focalización y sostenibilidad en el financiamiento de la educación superior.

Si aspiramos a una sociedad genuinamente meritocrática —donde las personas progresen en función de su esfuerzo y talento— no basta con garantizar acceso a la educación superior. Es indispensable nivelar la cancha desde el inicio. La evidencia es clara: las brechas de desarrollo cognitivo y socioemocional se abren en la primera infancia, y tienden a ampliarse con el tiempo si no se corrigen oportunamente. En este sentido, insistir en un gasto desproporcionado en educación terciaria mientras se subinvierte en educación temprana no solo es ineficiente, también es inconsistente y profundamente injusto.

Corregir este sesgo no es fácil y celebro que el gobierno esté dando los primeros pasos en esta dirección. Tomar decisiones donde la recompensa no se ve de inmediato y cuyos principales beneficiarios no participan del proceso político es una prueba de responsabilidad. Una política pública bien diseñada no puede limitarse a responder a las preferencias del presente; debe también hacerse cargo del bienestar futuro.

En definitiva, si queremos avanzar hacia una sociedad más justa, no basta con discutir cómo financiamos la educación superior. Debemos atrevernos a reordenar prioridades y poner en el centro aquello que sabemos —con evidencia— que tiene mayor impacto: la inversión en los primeros años de vida. Solo así podremos acercarnos, de verdad, a una sociedad donde el mérito no sea una ilusión, sino una posibilidad real para todos.

*La autora de la columna es investigadora en el centro de estudios Horizontal