Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó casi sin cambios el proyecto de ley que condona parcialmente y reorganiza la deuda del CAE, y crea el FES para reemplazarlo. Si bien era lo que se esperaba (al gobierno le sale fácil desarticular a la oposición en esa corporación) llamó la atención que no se recogiera ninguna de las profundas críticas que hicieran en la tramitación, tanto a nivel técnico como fiscal.

El proyecto afecta la autonomía y el financiamiento de las instituciones de educación superior, reduciendo sus ingresos y haciéndolas dependientes 100% del Estado. Al prohibir el copago, se afecta especialmente a las universidades de mayor prestigio y calidad del país, se detiene el crecimiento de las universidades emergentes y se da un golpe muy duro a la investigación y desarrollo, que ocurre en las casas de estudios. Y, lo que es quizás más grave, simplemente se destruyen los proyectos no gratuitos, así de simple. Todos los rectores que fueron invitados lo dijeron. El gobierno no dijo ni sí, ni no. Decidió correr un tupido velo sobre el asunto, y la Cámara aprobó.

El proyecto no es un fondo revolvente, como se ha defendido, sino un sistema de reparto financiado con un impuesto a los graduados dentro de la clase media (el 60% del país vulnerables, recordemos, ya estudian gratis su educación superior, a costa del estancamiento histórico de la educación parvularia y básica). Un 40% de los estudiantes que usen el FES pagará más que el valor de sus estudios, para financiarle la carrera al 60% restante de los usuarios FES, y todos ellos pagarán la gratuidad de Bachelet, con sus impuestos. El sobrepago –como se le ha llamado– no tiene tope, y afectará especialmente a los estudiantes técnico-profesionales de los institutos. El gobierno reconoció esto, asegurando con una indicación que, tras 18 años de pago, quienes hayan pagado 3,5 veces el valor de su carrera, podrían dejar de retribuir. La Cámara, al parecer conmovida con la generosidad de la propuesta, corrió un tupido velo sobre el asunto, y aprobó.

El Consejo Fiscal Autónomo emitió un informe preliminar que presentó ante la Cámara de Diputados. Documentó varios riesgos fiscales que se derivan del diseño del proyecto, y cuestionó que el gasto significativo que el Estado deberá ejecutar por el FES pueda ser clasificado como inversión, dado que no se puede valorizar. El Consejo hizo ver que son necesarias más simulaciones, para poder aquilatar los posibles impactos y riesgos, y que los supuestos para estimar el costo debían someterse a escrutinio más abierto. En palabras simples: si tienes gastos ciertos, pero ingresos inciertos, no te puedes dar el lujo de ser exageradamente optimista. Pero las observaciones del Consejo no fueron correctamente contestadas. La Comisión de Hacienda de la Cámara manifestó varias veces que las respuestas eran incompletas e insuficientes, que no había claridad sobre las implicancias financieras del proyecto. Pero el ahora exministro Marcel decidió correr un tupido velo sobre el asunto. Y la Sala de la Cámara aprobó.

En un acto lamentable, el oficialismo en la Cámara de Diputados se negó a ejercer una mirada crítica sobre el proyecto propuesto, y lo aceptó sin cambios. No sólo no quiso mejorarlo (el diputado Santana, que hizo ver observaciones, no fue considerado adecuadamente) si no que decidió dejar pasar los errores que tiene al Senado. Se negó a su labor legislativa, en una mala connivencia mal entendida con el gobierno.

¿Levantará el velo el Senado?

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar