La violencia escolar en Chile cambió de naturaleza y ya no se trata solo de problemas de convivencia o conflictos entre estudiantes. Hoy enfrentamos un fenómeno más complejo, donde el ingreso de armas —especialmente armas blancas— ha ido en aumento. Un informe de la Superintendencia de Educación muestra que las expulsiones y cancelaciones de matrícula pasaron de 741 casos en 2016 a 2.423 en 2024, triplicándose en menos de una década. Más aún, las expulsiones por uso de armas pasaron de solo 9 casos en 2016 a 219 en 2024.

Frente a este escenario, el debate sobre detectores de metales y revisiones de mochila ha tendido a polarizarse. Sin embargo, desde la economía del comportamiento, estas medidas no deben entenderse únicamente como mecanismos de control, sino también como herramientas de disuasión. Al aumentar la probabilidad de detección, operan incentivos y cambios de comportamientos, que reducen la probabilidad de conductas de riesgo.

La propuesta del gobierno de Kast busca establecer un marco regulatorio más flexible que la recientemente publicada Ley de Convivencia Escolar, permitiendo a los establecimientos implementar -con menores barreras operativas- medidas de control en los accesos. Asimismo, contempla el fortalecimiento de la autoridad de directivos y docentes como parte de la estrategia para prevenir el ingreso de armas y mejorar la seguridad escolar. Estas medidas no están orientadas únicamente a enfrentar episodios de alta gravedad, sino también a prevenir situaciones de menor escala, reduciendo la probabilidad de que escalen hacia hechos más complejos.

En este contexto, darle mayores facultades a los directivos para que decidan sus planes de acción es positivo porque en ambientes complejos y heterogéneos como el sistema escolar, los niveles de riesgo varían significativamente entre establecimientos, por tanto, la solución es contextual y en estos casos es mucho más eficiente habilitar marcos de acción. Esto significa establecer reglas claras, resguardar derechos y permitir que los equipos directivos, en función de su realidad, puedan decidir si requieren medidas disuasivas.

Por su parte, sería un error pensar que estas medidas constituyen una solución suficiente. La evidencia muestra que la violencia escolar responde a múltiples factores, por lo que su abordaje requiere una estrategia integral. Por tanto, esto implica fortalecer la atención de salud mental para estudiantes y docentes, implementar mecanismos efectivos de mediación y resolución de conflictos, y desarrollar programas preventivos.

Sin embargo, una propuesta integral no es contradictoria con el fortalecimiento del control en los accesos a los establecimientos escolares. Plantearlo como una disyuntiva es una falsa dicotomía, ya que ambas dimensiones pueden ser complementarias. Promover la salud mental y la convivencia requiere, al mismo tiempo, condiciones mínimas de seguridad y certeza normativa. De lo contrario, se incurre en una falla en el diseño de políticas públicas porque se reconoce el problema y sus múltiples formas de abordaje, pero no se despliega un conjunto coherente de instrumentos para enfrentarlo.

En consecuencia, el desafío para la política pública no es optar entre enfoques, sino diseñar un marco coherente que articule prevención, control y apoyo psicosocial. Esto implica avanzar hacia regulaciones que habiliten decisiones informadas a nivel local, establezcan estándares claros de implementación y permitan evaluar sistemáticamente sus efectos. Solo así será posible transitar desde respuestas reactivas hacia una gestión preventiva del riesgo, alineando los instrumentos disponibles con la complejidad real del problema.

Por Mauricio Bravo, vicedecano Facultad de Educación UDD