Al aprobarse la idea de legislar en el Senado, el megaproyecto de reconstrucción dio esta semana un paso decisivo. Con la discusión en particular, la iniciativa entra en tierra derecha y el Ejecutivo confía en tener los votos suficientes para su despacho. El ministro Quiroz ha sido claro: para el gobierno lo importante es sacarla adelante y no la holgura del resultado, aunque es evidente que, tanto en su contenido como en la forma de su tramitación, este proyecto tendrá implicancias relevantes para el devenir de la actual administración. Cómo se llegue a los respaldos necesarios para esta reforma sentará un sustantivo precedente.

Hasta ahora, el gobierno ha buscado no arriesgar las ideas matrices del proyecto, apostando a los respaldos que tiene asegurados. Así, la escasa disposición a construir acuerdos amplios y trasversales ha sido la tónica tanto en el oficialismo como en la oposición; una realidad que confirma la lógica de la polarización como escenario base, y que sigue haciendo difícil generar políticas públicas que no sean la expresión del triunfo de unos sobre otros. De algún modo, esta era la oportunidad para que un proyecto emblemático del nuevo gobierno y trascendental para la reactivación económica, pudiera confirmar que la política ha vuelto a estar a la altura de los desafíos nacionales.

Entre los temas a despejarse en el Senado están las “compensaciones” a la rebaja del impuesto de primera categoría. Es uno de los puntos claves para la oposición, pero en honor a la verdad la duda de que el eventual mayor crecimiento vaya a compensar la baja del 27 al 23% la han planteado también el CFA, el FMI y JP Morgan, entre otros. Del mismo modo, el impacto del crédito tributario a la contratación, la reintegración gradual del sistema, los efectos de la menor recaudación en el Fondo Común Municipal y los plazos de la invariabilidad tributaria han estado en el corazón del debate político de estos días.

Es indesmentible que el país requiere de normas claras para la inversión, una institucionalidad que restablezca la certeza jurídica y vuelva a dar confianza en la estabilidad de las reglas del juego, es decir, que revierta el proceso de deterioro vivido en la última década. Pero el mundo político y sobre todo el gobierno deben tenerlo claro: la verdadera y más valiosa “invariabilidad” no se refiere sólo a los tributos, sino al conjunto de las leyes y del orden institucional. La certeza y la confianza deterioradas en estos años sólo empezarán a recuperarse cuando el sistema político de señales de un compromiso sustantivo con las normas aprobadas y, para eso, sería muy inconveniente que esta reforma vuelva a quedar cruzada por una separación entre ganadores y perdedores. Ello no sólo restaría legitimidad a lo aprobado, sino que volvería a instalar la amenaza de un cambio de reglas cuando llegue al poder una administración de signo distinto.

El país no puede volver a darse ese lujo, y el gobierno y la oposición lo saben.

Por Max Colodro, filósofo y analista político