Investigación de incendios forestales

SEÑOR DIRECTOR:

Somos testigos desde hace ya varias semanas de numerosos incendios forestales que han afectado principalmente la zona centro sur del país, haciendo sentir sus devastadores efectos en diversos lugares de Chile, situación lamentable que ha afectado la vida y propiedad de muchos compatriotas.

Más allá de los efectos de los incendios, conviene detenerse a ver si las instituciones del Estado están preparadas para combatir los mismos. En un país donde existe una extensa cantidad de territorio plantado por empresas forestales debe existir una institucionalidad estatal que pueda hacerse cargo de prevenir la ocurrencia de incendios, de combatirlos para evitar su propagación y finalmente de perseguir en forma eficiente a quienes participen en la ocurrencia de los hechos.

Sobre esa base, y en lo relativo a este último aspecto, no existen en Chile unidades policiales que tengan como misión la persecución de delitos de incendios; o al menos no en forma prioritaria. Lo que se ha hecho es reconvertir o extender la competencia de unidades de la PDI y de Carabineros de Chile para investigar los delitos de incendio en general, lo cual incluye por cierto los incendios forestales.

Frente a delitos con consecuencias tan graves, es fundamental que el Estado determine la creación de una unidad de investigación de incendios forestales, ya que su común ocurrencia lo hace imprescindible. Hoy, la investigación de los incendios de esta naturaleza queda entregada en lo técnico al cuerpo de Bomberos de Chile y a Conaf, cuyos recursos y orientación resultan insuficientes para hacerse cargo de una realidad que seguiremos enfrentando, tal como ocurrió en 2017, donde si bien se aumentaron los recursos destinados a combatir el fuego, no se generó una fuerza con los fondos necesarios para apoyar la investigación de estos hechos. En instancias de estas características, el tiempo y especialización pueden ser cruciales para recopilar material que resulte en una persecución penal exitosa.

Sería importante ver a nuestras autoridades generando iniciativas que permitan al Ministerio Público y sus organismos auxiliares contar con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de investigaciones, que son complejas y requieren para su eficacia de la adecuada capacidad logística que hoy el Estado no tiene.

Manuel Guerra Fuenzalida

Ex fiscal regional

Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad San Sebastián