Las universidades y el desarrollo basado en conocimiento



Por Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile

El impacto decisivo de la ciencia y la tecnología ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Pero no solamente por los enormes avances biotecnológicos en el diseño, prueba y disponibilidad de nuevas vacunas que abren ciertos espacios de esperanza, sino por todos los conocimientos multidisciplinarios requeridos para comprender sus impactos sanitarios, socioeconómicos, psicológicos, biológicos y epidemiológicos. El conocimiento social relevante compromete la comprensión científica integral de la realidad, donde a la innovación impulsora de la economía se suman aportes sustanciales de las ciencias sociales y las humanidades. En efecto, problemas de salud mental y agotamiento por confinamiento, precariedad en la seguridad social, necesidad imperiosa de trabajo presencial, movilidad de grandes masas, sumadas a las mutaciones del propio virus inciden directamente en las nuevas olas de contagio y no pueden abordarse por separado. Siendo así, son los estados quienes asumen los liderazgos que facilitan la coordinación de saberes y la planificación estratégica.

En un mismo sentido, el salto a un desarrollo más equitativo, más sustentable, más humanista en un país emergente como el nuestro, requiere situar al conocimiento como soporte. Para ello, resulta imprescindible la contribución de las universidades complejas, especialmente las del Estado, mediante su vinculación internacional y su conexión con el desarrollo de los territorios en el caso de las regionales. Esto no excluye de ninguna manera los aportes de otras instituciones privadas acorde a sus capacidades específicas, pero lo cierto es que los indicadores internacionales demuestran que la pequeña masa crítica de científicos e intelectuales se encuentra concentrada en las universidades tradicionales, constituyendo un recurso insustituible.

Lamentablemente, una serie de desafortunadas decisiones indican que las políticas de gobierno persisten en visiones ideológicas competitivas, altamente cuestionadas por la ciudadanía. En efecto, las más grandes inversiones recientes en I+D (centro de datos, energías limpias y equipamiento mayor) han excluido a las universidades tradicionales, desatendiendo las inequívocas capacidades superiores de éstas en cuanto a masa crítica, experiencia y vocación. Se suman incentivos para la independencia jurídica de los centros de excelencia de las universidades, lo que fragmenta y debilita la articulación estratégica. Estas decisiones tendrán un impacto de largo plazo, por lo que ameritan una discusión profunda de la ciudadanía y sus representantes. Resulta perentorio exponer las aprehensiones que a veces asoman en personeros del sector público respecto a la idoneidad de las universidades estatales, su supuesta excesiva burocracia, falta de vocación para la innovación, desatención de la relación con las empresas y su hipotética ideologización. Una discusión que proyecte un mejor país requiere una demostración de estas aseveraciones. Las políticas de Estado no pueden basarse en prejuicios, deben discutirse con altura de miras. La implementación de visiones políticas no consensuadas vía bases concursales y adjudicaciones discrecionales, no le hacen un daño a las universidades, sino al país en su conjunto.

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