Chile llega al 2026 con un sistema de salud marcado por contrastes: cifras que lo destacan en la región de las Américas -como la esperanza de vida que ya supera los 81 años- conviven con una ciudadanía que a diario enfrenta esperas, barreras de acceso, falta de continuidad de atención e inequidades en resultados de salud. Entre ambas realidades se juegan hoy las verdaderas prioridades sanitarias del país.

Una población que vive más también nos exige más, en el control de enfermedades crónicas, multimorbilidad y dependencia de cuidados. A esto se suma que la salud mental se ha instalado como prioridad a lo largo del curso de vida, especialmente tras la pandemia; y el impacto del cambio climático, que golpea especialmente a la población más vulnerable, como quedó demostrado en el temporal reciente que afectó a nuestro país.

Las listas de espera por problemas de salud no GES siguen aumentando, evidenciando falta de capacidad resolutiva en los distintos niveles de la red asistencial, además de problemas de gestión y de disponibilidad de recursos. Gobierno tras gobierno se despliegan esfuerzos para disminuir determinados tiempos de espera, por grupos de pacientes -según antigüedad y/o problema de salud- considerándose “resuelto” el caso apenas sale de la lista, sin conocerse más información sobre su atención ni sus resultados. No se advierte un cambio estructural de los procesos involucrados, no se definen estándares nacionales de espera aceptables desde el punto de vista sanitario y social, ni se implementan estrategias sostenibles que permitan avanzar de verdad. En el caso GES, los derechos están garantizados por ley, por lo que su incumplimiento simplemente no es aceptable.

Frente a estos desafíos, la Atención Primaria de Salud (APS) es el gran pilar en el que pueden sostenerse transformaciones profundas hacia la equidad en acceso y resultados en salud. Desplegada en prácticamente todo el territorio nacional, con equipos multidisciplinarios, es la mejor estrategia para anticipar el daño en salud, humanizar la atención y descongestionar los hospitales, llegando a las poblaciones más alejadas y vulnerables con estrategias territoriales y colectivas. Sin embargo, debe ser fortalecida, dotándola de mayores capacidades resolutivas, con inversión decidida y sostenida en el tiempo, pasando de la declaración y programas piloto a un financiamiento real y sostenido.

El porcentaje del PIB que Chile destina a salud es comparable o incluso mayor al promedio OCDE (10,5% frente a 9,3%). Sin embargo, el gasto por habitante equivale a poco más de un 60% de ese promedio (Health at a Glance 2025, OCDE). Aunque nuestro PIB per cápita es menor, existen recursos, pero estos se distribuyen y administran mal en un sistema segmentado y fragmentado.

El escenario es desafiante, pero contamos con talento, institucionalidad y experiencia sanitaria para tomar decisiones efectivas y transformar nuestro sistema en uno más equitativo y resiliente. No necesitamos más diagnósticos, sino decisiones sostenidas en el tiempo: políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales, porque estos desafíos no se resuelven en cuatro años. Avanzar en intersectorialidad institucionalizada y regulada, con enfoque de curso de vida y con el paradigma de Una Salud - que entiende la salud humana, animal y ambiental como un solo sistema interdependiente - también será clave para los cambios que millones de personas necesitan con urgencia.

Por Gisela Alarcón, Decana, Facultad de Medicina , Universidad Central