Las cifras dadas a conocer recientemente sobre el empleo y el desempleo en Chile dan cuenta de una verdadera tragedia: la tasa de desempleo bordea el 9 por ciento de la fuerza laboral, los empleos netos creados en el último año caben en una sala de clases, el número de trabajadores que no encuentra empleo después de un año de búsqueda aumenta, y la informalidad supera el 30 por ciento del empleo. Pero lo peor no son esas cifras, sino que ellas se podrían haber evitado perfectamente si se hubiesen aplicado un conjunto de políticas públicas idóneo.

Desde una perspectiva técnica, si la autoridad toma alguna medida que aumente el costo de contratar a un trabajador adicional, inducirá a los empresarios a reducir su dotación laboral. Esto sucede porque el trabajador marginal le costará al empresario más que el valor de lo que produce, o sea, le genera una pérdida insostenible a mediano y largo plazo. Por su parte, los trabajadores despedidos engrosarán primero las filas de los desempleados y luego, no encontrando ocupación, se trasladarán al mercado informal.

En ese sentido, no cabe la menor duda que políticas como el fuerte aumento del salario mínimo y la propuesta de un salario vital de $750.000 mensuales, la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas, el aumento de las cotizaciones para mejorar las pensiones, y la sugerida reforma al sistema de indemnizaciones por años de servicio, han aumentado el costo esperado del trabajo y, por lo mismo, han reducido la cantidad demandada de empleos. Este aumento de costos y la baja tasa de expansión de la demanda de trabajo por el crecimiento económico exiguo que hemos estado experimentado desde hace ya un buen tiempo, explican nuestra crisis de empleo.

¿Estamos entonces condenados -si deseamos tener pleno empleo- a tener una fuerza laboral mayoritariamente con ingresos muy bajos? En absoluto. Una forma de evitarlo y al mismo tiempo tener pleno empleo, consiste en permitir que el mercado laboral funcione sin intervenciones arbitrarias de la autoridad, de modo que se claree, y tener, simultáneamente, un sistema de subsidios monetarios de ingreso que -en el marco de una política fiscal responsable- refleje nuestras preferencias sociales.

Tal sistema de subsidios podría consistir en un esquema de impuestos negativos sobre el ingreso (INI). Se trata de una reforma estructural mayor que consiste en un subsidio monetario automático de carácter progresivo, es decir que, mientras menor sea el ingreso del trabajador, mayor será el subsidio. Propuestas similares al INI se encuentran entre aquellas de algunos de los candidatos presidenciales, incluyendo curiosamente a Jeannette Jara, la misma que -como ministra del Trabajo- implementó o propuso una buena parte de las medidas que explican la actual crisis de empleo.

Por Rolf Lüders, economista