La tragedia de Calama ha desencadenado respuestas que, aunque comprensibles en su urgencia, actúan sobre la superficie visible del problema sin interrogar sus raíces. La más extendida es la instalación de detectores de metales y la revisión de mochilas en los establecimientos escolares. Es una medida que puede generar una falsa sensación de seguridad y que no tiene efectos en la prevención.

En el caso de Calama, el imputado publicó contenido explícitamente amenazante en redes sociales antes del ataque. Esa era la ventana de intervención real. Los detectores operan en el umbral físico del establecimiento, cuando ya se ha fallado en todas las etapas anteriores. Una política de prevención seria debe desplazar la atención hacia los entornos digitales, donde las señales precursoras son visibles y accionables con anticipación. Casi ninguna escuela en Chile tiene protocolos estructurados para detectar y procesar esas señales. Instalar arcos detectores sin cerrar esa brecha es seguridad de vitrina, es decir, visible y tranquilizadora para la opinión pública, pero estructuralmente irrelevante.

Hay además un costo simbólico que no puede ignorarse. Revisar mochilas transforma el establecimiento en un espacio de sospecha sistemática, con consecuencias directas sobre el clima escolar. Los estudiantes que más necesitan sentir que pertenecen a una comunidad —aquellos con mayor vulnerabilidad emocional— son precisamente los que más resienten ese mensaje institucional de desconfianza. Los datos PISA indican que el porcentaje de jóvenes de 15 años que declaran sentirse solos en el colegio creció de 9% en 2012 a 27% en 2022, triplicando su valor en una década. Ese es el terreno en que germina la violencia extrema. Ningún detector ve a ese adolescente. Un docente con tiempo, formación y presencia emocional disponible, sí puede hacerlo.

Para que ese docente pueda cumplir ese rol, necesita condiciones que hoy no existen. Un estudio de bienestar docente publicado en 2025 indicó que más del 56% de los docentes en Chile presenta signos de agotamiento psicológico severo y casi el 30% nunca ha recibido apoyo para gestionar situaciones complejas en el aula. Si los adultos que habitan la escuela están al límite del burnout, ¿cómo se les puede pedir que vean y atiendan a un estudiante en crisis? Añadirles funciones de vigilancia física profundiza ese deterioro y erosiona precisamente el vínculo pedagógico que podría haber marcado la diferencia.

En este cuadro, preocupa también que una reciente declaración presidencial haya apuntado a los padres como responsables de lo ocurrido. Cuando el sistema falla, la tentación es depositar la carga sobre actores individuales. Pero un adolescente que crece bajo presión académica intensa, en contextos de segregación escolar y sin acceso oportuno a salud mental, no es simplemente el producto de una crianza deficiente. Responsabilizar a las familias libera al Estado de actuar estructuralmente e instala la idea de que el problema es moral, no político. Los detectores de metales y la responsabilización parental comparten esa misma lógica: una apunta al objeto, la otra al individuo. Ninguna pregunta por qué el sistema no detectó las señales a tiempo.

Suecia, tras una matanza en un liceo de adultos jóvenes, evaluó los detectores y los descartó. Optó por reforzar los vínculos con adolescentes solitarios. Lo que necesitamos no es una escuela que detecte objetos, sino una que vea realmente a las personas que acoge.

Por Carmen Gloria Zúñiga, académica, Facultad de Educación UC Investigadora CELITED