El año 2026 aparece como un momento clave para la política migratoria en Chile. La migración es un fenómeno estructural y persistente, y el país ha enfrentado en pocos años transformaciones profundas en la magnitud y composición de los flujos. La forma en que el Estado responda a este escenario tendrá efectos directos no solo en la situación de la población migrante, sino también en la gobernabilidad, la cohesión social y la capacidad institucional para administrar estos procesos de manera eficaz.

Uno de los principales problemas que enfrenta hoy la política migratoria es la persistencia de altos niveles de irregularidad. La irregularidad debilita el control estatal sobre los flujos, dificulta la planificación de políticas públicas y genera incentivos para la informalidad laboral y la explotación. Al mismo tiempo, tensiona la provisión de servicios públicos en los territorios de destino y contribuye a la percepción de desorden, alimentando conflictos sociales y desconfianza ciudadana.

En este contexto, avanzar hacia una migración regular, ordenada y segura debe entenderse como un objetivo de política pública orientado a recuperar capacidad de gestión. Para ello, resulta necesario mejorar y acelerar los mecanismos de regularización dirigidos a personas que ya residen en el país y cumplen con condiciones básicas de arraigo. Lejos de ser una señal de permisividad, la regularización es una herramienta para fortalecer el cumplimiento de la ley, reducir la informalidad y mejorar la trazabilidad de la población extranjera.

Un segundo desafío central es la convivencia social. La concentración territorial de población migrante, sumada a déficits estructurales en vivienda, salud y educación, ha incrementado la presión sobre servicios públicos locales. Abordar este escenario requiere políticas de integración focalizadas, con énfasis en los territorios más tensionados, evitando respuestas generalistas que no distinguen realidades locales ni capacidades institucionales.

Asimismo, la integración laboral constituye un componente clave de la gestión migratoria. La persistencia de empleo informal entre personas migrantes no solo precariza sus condiciones de vida, sino que también distorsiona los mercados laborales y reduce la recaudación fiscal. Facilitar la inserción en la economía formal, junto con fiscalización efectiva, es una condición necesaria para reducir estos efectos y ordenar el sistema.

La discusión migratoria hacia el 2026 exige abandonar enfoques reactivos y avanzar hacia una estrategia de mediano plazo, basada en evidencia y con una clara definición de prioridades. Combatir la desinformación, fortalecer la capacidad del Estado y recuperar la confianza ciudadana son objetivos que no se alcanzan con consignas, sino con políticas consistentes y sostenidas en el tiempo.

La regularidad migratoria y la convivencia social no son metas abstractas. Constituyen condiciones básicas para una gestión responsable de la migración y para la estabilidad social del país. El desafío para los próximos años será traducir este diagnóstico en decisiones concretas, con criterios técnicos y una mirada de Estado.

Por Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo, Centro de Políticas Migratorias