Nudos críticos en la educación pública

En Copiapó, concurrieron más de doscientos jóvenes al Liceo Comercial de la capital regional de Atacama, en calle Los Carrera, para rendir la Prueba de Transición de Invierno.

Es preocupante que en la implementación del nuevo sistema de educación pública se siga más en los diagnósticos antes que en la ejecución de medidas que permitan ir superando los problemas largamente anticipados.



La semana pasada el ministro de Educación presentó al Congreso el estado en que se encuentra el nuevo sistema de educación pública que se ha venido instalando de forma gradual desde el año 2018, e identificó una serie de “nudos críticos” que será necesario atender de cara a la segunda etapa de implementación de la ley en virtud de la cual aquel fue creado.

En primer lugar, estaría el problema de los plazos. A la fecha se contabilizan apenas 11 servicios locales de educación instalados de un total de 70 que deben crearse para hacerse cargo de la totalidad de las escuelas y liceos municipales del país. A ellos se han traspasado un total de 636 establecimientos educativos pertenecientes a 41 comunas, a los que asisten del orden de 190 mil estudiantes entre escolares y párvulos. Considerando que originalmente la ley contempla que el resto de los territorios sean traspasados a un ritmo de 12, 18 y 23 nuevos servicios por año, el ministro reconoció la imposibilidad técnica de cumplir con dicho plazo y anunció el envío de un proyecto de ley para dilatar el proceso de instalación hasta el año 2029, lo que permitiría reducir a 10 u 11 servicios por año.

Adicionalmente, la autoridad hizo eco de los problemas de gestión que hace ya un año y medio identificó el Consejo Evaluador para la puesta en marcha del nuevo sistema en su informe intermedio, así como en los informes anuales que este fue elaborando desde que comenzó a aplicarse la ley, entre los cuales se encuentran una serie de dificultades administrativas que la norma no previó correctamente y que han ido quedando en evidencia con la experiencia de instalación de los primeros servicios. Por último, la autoridad indicó la necesidad de aumentar la disponibilidad de recursos, pues según su estimación los nuevos servicios sufrirían de dificultades financieras que será necesario resolver.

Si bien es positivo que el ministro haya anunciado un plan de acción en materia de educación pública, considerando que estos problemas ya eran conocidos desde hace tiempo -e incluso fueron señalados en el programa de gobierno-, es preocupante que recién se estén aquilatando y que, en lugar de presentar ya las medidas para enfrentarlos, todavía se siga hablando del diagnóstico.

En ese contexto, es de esperar que el aplazamiento anunciado no sea solo una postergación de las soluciones requeridas y que en el intertanto el gobierno se haga cargo de impulsar los cambios que se requieren para hacer el proceso de instalación viable. Así también, es de esperar que el aumento en los recursos no se utilice como excusa para evitar enfrentar las deficiencias en la gestión y en especial el problema de sobredotación docente que el nuevo sistema ha ido heredando de la educación municipal y del que será necesario hacerse cargo si es que se quiere tener un sistema de educación pública sustentable y atractivo para las familias.

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