SEÑOR DIRECTOR:

Ayer, la ministra de Interior, Izkia Siches, fue invitada a la comisión de Seguridad Pública del Senado a exponer respecto de la agenda para dicha cartera y sus prioridades legislativas para el año 2022. Hay una que merece ser abordada, relacionada con las víctimas de delito.

Se expuso que existe una propuesta para poder incorporar una nueva figura de un consejo asesor de atención a víctimas de delitos, que coordine a distintos actores y que cuente con un registro único de víctimas y “consolidar un conformar formalmente el Observatorio Permanente de víctimas de delitos”.

Sin embargo, tal propuesta parece insuficiente, toda vez que de acuerdo a estudios nacionales e internacionales Chile requiere una nueva institucionalidad en la materia, y no solamente la creación de una instancia de coordinación y otra de observancia. En efecto, la evidencia arroja que tenemos una dispersión de instituciones: Cuatro corporaciones de asistencia judicial proveen la atención de víctimas de delitos violentos a través de Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos, la Subsecretaría de Prevención del delito lleva el Programa de Atención de Víctimas (PAV) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y diversos ministerios concentran programas focalizados en niños, niñas y adolescentes, mujeres, migrantes, etc.

Se requiere, en consecuencia, una institucionalidad que, por una parte, pueda establecer una política pública de acceso a la justicia y atención de víctimas, y que por otra, logre implementar estándares homogéneos de atención a ellas, que logren consolidar una efectiva participación en la toma de decisiones y una buena y oportuna información.

Existe un proyecto de ley ya presentado, que conoce la Cámara de Diputados y que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas. Puede partirse de ese proyecto, con todas las modificaciones que se estimen pertinentes, para llegar realmente a establecer una nueva institucionalidad.

Sebastián Valenzuela Agüero

Ex subsecretario de Justicia