La educación es la tercera prioridad a la que, la ciudadanía considera que el Estado debiera dedicar mayor esfuerzo en resolver, junto con pensiones y salud. Tres materias que reiteradamente quedan dentro del podio de la encuesta CEP. Pero, paradójicamente, si salud y pensiones han estado en el ojo del huracán desde el 18 de octubre, no ha sido así con la educación. Salvo cuestiones particulares sobre el CAE y la PSU, ésta ha estado en realidad bastante invisible.

Sería interesante hacer la pregunta de la encuesta desde una perspectiva diferente: si de manera de conocer si es que la educación es considerada como una de las prioridades a la que las familias y las personas debieran dedicar mayores esfuerzos, y de igual manera la sociedad en su conjunto.

La pregunta no es antojadiza. Por supuesto que el Estado tiene un rol preponderante y un deber en garantizar el derecho a la educación de los niños, para ello debe velar por el funcionamiento del sistema de educación, para que se cumplan los requisitos mínimos de calidad y propender a su mejora, con políticas que avancen en equidad y justicia, cuestión en la que lamentablemente aún estamos al debe. La ciudadanía tiene aquí el deber y el derecho de exigir que se generen las leyes y políticas para el desarrollo y mejora del sistema. Sin embargo, lo anterior no la exime de su propia responsabilidad para con la educación. Responsabilidad que el último tiempo ha tendido a eludirse.

El compromiso con la educación debe verse reflejado en las demandas ciudadanas. Le corresponde también a la ciudadanía levantar las principales preocupaciones y velar para que las autoridades pongan el foco donde corresponde. Llama la atención la nula importancia que se le ha dado en todo este tiempo a la educación inicial, siendo que es ahí donde se pueden corregir las desigualdades de cuna. Se observa también en la responsabilidad de estas demandas, ya que, muchas de ellas son regresivas y sin sostenibilidad en el tiempo, como ocurre con la gratuidad o la exigencia de condonación del CAE. Otro tema, es la falta de rigurosidad de las mismas pretendiendo tener la verdad absoluta en las respuestas, sin cargo a la evidencia. Un ejemplo de esto, son las demandas recientes de la ACES y CONES, que buscan avanzar en acceso universal y eliminación de una prueba estandarizada como la PSU, sin comprender lo inequitativo que esto resultaría.

Contrario a lo que se hubiese esperado -dada la relevancia que la ciudadanía dice entregarle a la educación-  la imposibilidad que tuvieron algunos colegios de realizar clases y en algunos casos de terminar anticipadamente el año producto de las manifestaciones, fue simplemente asumido como un costo necesario, sin importar las consecuencias que tiene en los niños, especialmente en las escuelas más vulnerables y de menor calidad, cuando la evidencia da cuenta de los problemas asociados a la ausencia y la importancia de un buen clima para el contexto educacional.

Por otro lado, mientras se les exige a las escuelas cumplir con su rol formativo de manera integral y conforme a los  valores democráticos que permitan vivir en sociedad, la contradicen avalando la violencia y funas como formas válidas de manifestación. ¿Qué enseñanzas puede entregar la escuela en estas circunstancias? ¿Qué valores promovemos si algunos grupos hacen vista gorda y otros aplauden a los secundarios que sabotearon la PSU? Si no existe un mínimo acuerdo de aquellos principios cívicos bajo los cuales deben formarse los estudiantes, especialmente en escuelas públicas, no podremos entregar una formación integral a nuestros jóvenes y lamentablemente la educación formal se volverá inútil.

Como dice el dicho, la educación parte por casa. Difícilmente veremos un cambio significativo en nuestra sociedad, si a fin de cuentas lo que nos hace falta es que nos tomemos en serio la educación.

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