SEÑOR DIRECTOR:

La creciente incapacidad del Estado para ejecutar en tiempo y forma la inversión pública tocó fondo el 2022, y fue el preámbulo para que el contralor general de la república, Jorge Bermúdez, levantará alertas esta semana para los gobiernos regionales (Gores) sobre la oportunidad de ejecución, los mecanismos utilizados para cumplirla y los controles externos.

Como contexto, el año 2022 se dejaron de ejecutar cerca de US$ 1.850 millones destinados a inversión pública. Para dimensionar el orden de magnitud, con estos recursos se pudieron haber creado 60-70 mil nuevos empleos o bien permitirían financiar un aumento de la PGU a 250 mil pesos para más de 2 millones de jubilados.

Estas dificultades de ejecución también se presentaron en los gobiernos regionales, pero la resolvieron en el último mes del año, donde se ejecutaron US$ 560 millones, que en algunas regiones representó hasta un 44% de su presupuesto anual. El contralor recordó lo evidente, el escaso impacto que tendría esta osada acción en el desarrollo regional y el empleo, y criticó el mecanismo. Con previa autorización de la Dipres, se reasignaron recursos desde inversión pública a transferencias por US$ 270 millones (un aumento de 45%) que, al transferirlos a terceros, se dan por ejecutados. Todo esto, cuando se discute entregar más facultades a los Gores, como la posibilidad de endeudarse.

La subejecución de inversiones ha sido sistemática en la última década, pero sin considerar los años de pandemia el 2022 fue el registro más bajo. Para el 2023, la ejecución será mejor que el deslucido 2022. Sin embargo, si consideramos la trayectoria de la ejecución en el período 2016-2019 (prepandemia), el avance a mayo de 2023 es inferior en un 28% en inversiones y 14% en transferencias de capital. De no mediar un cambio en la gestión, este año no se ejecutarán en torno a US$1.300 y US$ 1.600 millones.

En momentos donde se discute cómo allegar mayores recursos, parece inconducente sostener estos niveles de subejecución. El gobierno debe fortalecer la gestión y control de estos recursos, como también evaluar seriamente reasignar US$1.600 millones al programa de concesiones privadas. Esto permitiría, además, apoyar al Estado en un área donde tiene evidentes problemas de ejecución y generar espacio fiscal, tal como se realizó exitosamente en el pasado, para destinarlo a financiar otras urgencias sociales.

Matías Acevedo

Economista y ex director de Presupuestos