A diez años de su implementación, la gratuidad pareciera ser una política pública con poco espacio para cuestionamientos. Sin embargo, toda política, y especialmente aquella de magnitudes gigantescas como la gratuidad, debiese ser evaluada: por el cumplimiento de los objetivos propuestos, sus efectos no deseados o su sostenibilidad en el tiempo y no por su popularidad.

Hoy, el debate se concentra en el cobro de las deudas del CAE, las que en manos de la Tesorería ascienden a 4 billones de pesos. En el marco de este debate, o de cualquier otro sobre cómo financiamos la educación superior, no debemos olvidar una cuestión fundamental, hoy la gratuidad representa un 54% del total del presupuesto del Mineduc destinado a educación superior.

Si observamos su desarrollo en términos de gasto fiscal, es posible notar que los recursos asociados a esta política han crecido de manera sostenida, absorbiendo una proporción cada vez mayor del presupuesto de la cartera. En cifras, el presupuesto de la gratuidad ha aumentado casi 4 veces durante estos años. De $595 mil millones en 2016 a $2.225 mil millones en 2025 (números que seguirán en aumento).

En un país que enfrenta importantes desafíos en educación inicial y escolar —tales como el estancamiento de los aprendizajes, inasistencia, deserción y brechas de financiamiento—, cabe preguntarse si estamos destinando los recursos públicos donde generan mayor impacto social. Y la respuesta es no.

Incluso al margen de estos desafíos, el actual sistema de gratuidad presenta problemas de diseño conocidos. Sometidas a aranceles que regulan la cantidad de recursos que reciben del Estado y sin posibilidad de cobrar ni crecer, las instituciones han visto mermadas de manera significativa sus ingresos, totalizando un déficit que asciende a 1,3 billones de pesos entre 2016 y 2025.

La gratuidad, guste o no, compromete recursos fiscales de manera creciente, genera déficit a las instituciones, restringe su capacidad de investigación, innovación y desarrollo, atenta contra la diversidad de proyectos institucionales y pone un techo a la calidad del sistema al suponer y definir que impartir educación se hace de forma homogénea.

La pregunta no es si debemos apoyar a quienes necesitan financiamiento para estudiar, sino cómo hacerlo mejor.

Un sistema de financiamiento debiera combinar becas focalizadas para quienes enfrentan mayores dificultades económicas, copago y un crédito contingente al ingreso que permitan compartir los costos y beneficios de la educación superior de manera más equitativa.

La educación superior sigue siendo un motor de movilidad social. Pero garantizar su acceso exige algo más que consignas: requiere políticas sostenibles, basadas en evidencia y capaces de priorizar el bienestar de las futuras generaciones.

Además, tampoco debemos olvidar que el sistema de educación superior no sólo se trata de financiamiento, aún existen desafíos que se deben abordar. Los desertores que estudian con gratuidad representan un 12,2% del total de los beneficiarios; por otra parte, estos estudiantes se demoran, en promedio, un 29% más en terminar su carrera considerando su duración nominal; y existe una institucionalidad que no se adapta a las nuevas tendencias, por nombrar algunas.

Después de una década, resulta indispensable reconsiderar el diseño de la gratuidad.

Por Constanza Lara, Directora Legal de Acción Educar