Reinserción y nueva Constitución

SEÑOR DIRECTOR

Recientemente se aprobó una norma relativa a establecimientos penitenciarios que prohíbe a privados prestar servicios de reinserción social de personas privadas de libertad; complementada por otra que establece que dicha labor será “desarrollada por organismos públicos”.

Conforme a cifras de nuestro país, entre 38 y 50% de la población que estuvo encarcelada reincidió dentro de los tres años posteriores a su egreso, mientras que un 71% volvió a tener contacto con el sistema mediante formalizaciones y/o requerimientos. Sobre este respecto, los expertos coinciden en que un elemento central de la reinserción social es el empleo estable, paso fundamental para adquirir normas de responsabilidad, crear vínculos sociales significativos fuera del ambiente delictivo e incluso formar una familia, disminuyendo la tasa de reincidencia.

En la actualidad existen muchas organizaciones de la sociedad civil que apoyan en materia de trabajo al interior de las cárceles. La Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Formación y Capacitación Popular y Espacio Mandela (Fundación Invictus), entre otras, cumplen un rol fundamental que los expertos han sugerido potenciar, no excluir o eliminar, precisamente para facilitar que personas que suscribieron este tipo de programas encuentren más fácilmente empleo y puedan reconstruir sus vidas.

Paz Charpentier Rajcevich

Abogada y directora de la Fundación Liberal Reformista