SEÑOR DIRECTOR:

Sorprendido, extrañado y asombrado he estado por la discusión que se ha generado en torno a la reforma tributaria de este gobierno, ya que esta implica graves perjuicios para la economía del país.

Para sorpresa de todos, el Presidente decidió colocar urgencia de discusión inmediata al proyecto, a pesar de que no era el momento económico para entrar en este tema, por lo que, cabe preguntarse, ¿por qué quiere tensionar el debate? Y la respuesta es simple: porque no le importa la discusión, le importa que se evacúe un texto, independiente del contenido del mismo.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se han terminado de discutir las disposiciones legales que otorgan mayores facultades al SII, pero en desmedro del contribuyente. Una de estas normas -que previo a esta urgencia se votó a favor- fue la figura del denunciante anónimo, que otorga un premio del 10% de la multa cobrada por el Estado a quien denuncie a un contribuyente evasor.

Esta es una más de las muchas regulaciones que establece la reforma tributaria del gobierno, que imponiendo todo tipo de obligaciones, cargas, deberes, prerrogativas y, lo más insólito de todo, premios monetarios, deja en una situación desmejorada a la mayoría de los contribuyentes.

Entonces, ¿qué pasa con la transparencia y responsabilidad fiscal del Estado? ¿Por qué no tenemos también un premio para los ciudadanos que denuncien corrupción, malversación de caudales públicos y para toda clase de delitos que afecten las arcas fiscales? Porque de ser así, el Estado se quedaría sin fondos para pagar a los denunciantes que velen por el probo cumplimiento de las finanzas públicas.

Este trato no solo es desigual y desproporcionado, sino que deja en evidencia que es solo para algunos, los más audaces, que sacarán réditos en torno a una mala política pública.

Agustin Romero Leiva

Diputado Partido Republicano