SEÑOR DIRECTOR
Uno podrá estar de acuerdo o no con que un exparlamentario llegue al Tribunal Constitucional (TC), pero lo que la ciudadanía no puede entender es por qué un partido como RN nomina a un exdiputado que aprobó un proyecto de ley a todas luces inconstitucional.
En momentos en que se discute el rol del Congreso en la elaboración de una nueva Constitución, la designación del exdiputado pondría en duda la legitimidad de la participación del Senado en dicho proceso, así como su continuidad en el futuro texto constitucional.
Salvo que la intención del Congreso sea debilitar al TC, designar a un exdiputado que menosprecia el valor de la supremacía constitucional, solo contribuirá a su desprestigio.
El Senado tiene la última palabra.
Francisco Orrego B.
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