Una necesidad, no populismo

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos quince meses, nuestro país ostenta un dramático récord: nueve carabineros han sido asesinados en actos de servicio. Vivimos un aumento nunca antes visto en los niveles de agresividad contra la institución. Durante 2023, 891 funcionarios han sido víctimas de una agresión, y en 2022 llegamos a 5.493. Por eso es tan significativo el “basta ya” del general director, y es tan importante que el proyecto Nain-Retamal sea ley vigente ya.

Es una necesidad urgente -y no populismo penal- actualizar las leyes para enfrentar estas nuevas amenazas. Lamentablemente, el Derecho Penal muchas veces llega tarde, y nuestra realidad es que los funcionarios policiales son agredidos brutalmente y asesinados por delincuentes con un poder de fuego cada día más alto.

Queremos que quienes agredan gravemente o maten a carabineros estén en la cárcel y no al revés. Por eso, en el caso de estos delitos -como señala el proyecto- hay que restringir el acceso a penas sustitutivas y a la libertad condicional, y establecer sanciones más graves en caso de ataques a funcionarios policiales. En los hombros de los jueces de garantía quedará la aplicación efectiva de estas normas.

A Carabineros se le apoya con hechos, no con las declaraciones grandilocuentes del gobierno que se las lleva el viento. La institución necesita tres cosas: respaldo de verdad, protección y seguridad de que no van a terminar imputados por usar legítimamente su arma de servicio. Por eso será de tanta relevancia esta ley, pues establece una “legítima defensa privilegiada” para los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y, si son sometidos a sumario, no serán suspendidos de sus funciones y separados de labores, lo que además implica un desmedro en su remuneración.

Para que nunca más un padre que ha perdido a su hijo, como en el caso del cabo David Florido, tenga que decir que “por no ser cuestionado”, por “miedo a no tener apoyo” un carabinero no usó su arma de servicio.

María José Gómez G.

Ex subsecretaria de Prevención del Delito