A dos años del primer estado de emergencia de Boric, Tohá asegura que gobierno logró bajar “violencia rural”

Dos hechos policiales ocurridos en el sur tuvo que informar este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien concurrió a la Cámara y luego al Senado a solicitar una nueva prórroga del estado excepción constitucional de emergencia, que rige desde el 12 de octubre 2021, salvo por un periodo en que dejó de aplicarse a inicios del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Uno de esos episodios fue la detención de dos personas ligadas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quienes fueron sorprendidas con armamento, y el otro hecho fue un ataque, ocurrido cerca de Temuco, a torres de telecomunicaciones.

Al margen de ese reporte, la ministra también aprovechó de entregar un detallado balance de los estados de emergencia, ya que en lo que va de la actual administración presidencial, el 17 de mayo se cumplieron dos años desde que esta disposición constitucional -que permite el despliegue de las FF.AA. para contribuir en el control del orden público y la seguridad- se viene aplicando en forma ininterrumpida en La Araucanía y el Biobío.

A pesar de que en sus tiempos de diputado, Boric se opuso tenazmente a la medida que fue adoptada por primera vez por el Presidente Sebastián Piñera, el actual Mandatario, en mayo de 2022, se vio obligado a retroceder y hacer propia la política de su antecesor.

El giro obligó también a que algunos subsecretarios y ministros -que ejercían como parlamentarios y que sistemáticamente rechazaron las prórrogas solicitadas por el gobierno de Piñera, como Camila Vallejo (PC), Álvaro Elizalde (PS), Maya Fernández (PS) y Manuel Monsalve (PS)- se convirtieran en promotores de la disposición.

Hoy Boric es lejos el Presidente de la República que más veces ha recurrido a esta excepción constitucional, que en la práctica se transformó en una política permanente y que probablemente se extenderá hasta el final de su mandato. Al menos la ministra Tohá informó que, “en el corto plazo”, el gobierno no tiene previsto realizar una retirada o una desescalada del despliegue militar.

“Nosotros valoramos mucho el instrumento del estado de emergencia. Ha sido vital, pero no pensamos que ha sido el único instrumento. Tan importante como el estado de emergencia han sido otras de las medidas, como el refuerzo de la persecución penal”, dijo la titular del Interior en el Congreso.

Según las estadísticas que presentó Tohá ante la Cámara y el Senado, a nivel de Macrozona Sur, en los últimos 2 años se reportaron 1.908 eventos de “violencia rural”, lo que representa una disminución del 36,7% con respecto a los dos años previos (17 de mayo de 2020 y 16 de mayo de 2022 versus 17 de mayo de 2022 y 16 de mayo de 2024).

En el detalle, también bajaron en un 38% los atentados incendiarios.

Disminuyeron en un 41% los bienes incendiados.

Se redujeron en un 65% las usurpaciones, pasando de 488 predios tomados a 156.

Además, los fallecidos en un contexto de violencia rural tuvieron un descenso en un 52%.

Hubo un 35% menos de cortes de ruta.

Finalmente se lograron 215 detenciones ligadas a diez organizaciones radicales y 463 condenas por violencia rural (desde 2022 al 27 mayo de 2024).

“Del punto de vista de los números, comparando dos años con dos años, estamos evidenciando la mitad de acciones violentas y la disminución ha sido en ambas regiones, pero muy notoriamente ha tenido un mayor éxito en la Región del Biobío”, dijo la ministra del Interior en la sesión del Senado, donde se aprobó la renovación por 29 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones.

Previamente la sala de la Cámara también había aprobado la extensión de la medida por 100 votos a favor, 23 en contra y 16 abstenciones.

En ambas ramas del Congreso, Tohá no solo entregó cifras, también enumeró algunos hitos y medidas complementarias al despliegue militar, desde reforzamiento de la dotación policial y de vehículos, hasta iniciativas que son parte del Plan Buen Vivir, como obras de infraestructura e instancias de diálogo, además del trabajo que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

“El conjunto de estas líneas de acción, en estos dos años, ha dado lugar a este resultado del punto de vista de los ataques de violencia rural, con sus distintas modalidades”, añadió la jefa de gabinete.

Ante las críticas de legisladores opositores respecto de por qué no se abandonaba completamente la referencia a la “violencia rural” y no se hablaba derechamente de terrorismo, la secretaria de Estado explicó que es un concepto que usan las policías para aglutinar distintos hechos y hacer comparaciones. Sin perjuicio de ello, se mostró abierta a revisar la nomenclatura.

“El concepto de violencia rural es extremadamente amplio. Debiéramos pasar a una nomenclatura más precisa, porque entra en violencia rural desde un neumático que se prende en una autopista hasta un hecho en que se asesina a un carabinero. Debiera haber una clasificación más fina que permita distinguir la gravedad”, señaló.

En esa línea, remarcó que el gobierno admite que “tenemos acciones terroristas, pero no todos los hechos son ataques terroristas”, pues, por ejemplo, dentro de los eventos de “violencia rural” puede haber manifestaciones propias de un tema de orden público.