Luego de una semana compleja para el gobierno -cruzada por el alza de los combustibles tras los ajustes al Mepco y una serie de traspiés comunicacionales-, La Moneda optó por enviar una señal de cautela respecto de nuevas medidas económicas.

El encargado de explicitar esa postura fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, quien este domingo abordó el escenario en el programa Estado Nacional de TVN. Desde ahí, el titular de la Segpres desmenuzó los factores que han marcado los últimos días y defendió la estrategia del Ejecutivo que, hasta ahora, se limita al primer paquete de medidas ya aprobado para contener el impacto en los precios.

Consultado por la posibilidad de nuevas ayudas, García evitó comprometer nuevos anuncios y puso el foco en la incertidumbre internacional y las estrecheces fiscales. “El ministro de Hacienda y el Presidente están evaluando todos los días lo que es posible hacer”, sostuvo, junto con advertir que el escenario económico es adverso.

“Hay análisis que son bien comprometedores, que dicen que el precio del petróleo podría llegar a US$ 150 el barril, que eso traería consigo una recesión mundial. Si el PIB de los países empieza a caer, cae el empleo... Entonces podríamos tener una situación mucho más difícil”, afirmó.

A ese diagnóstico sumó otros factores de riesgo. “Estamos recién empezando a entrar al invierno. No vaya a ser cosa que el invierno signifique muchas inundaciones, pérdidas de vivienda, catástrofes”, advirtió. En esa línea, recalcó las limitaciones del erario fiscal: “Lo que tenemos en el Fondo de Estabilidad Económico y Social (FEES), si alguna vez hubo US$ 20.000 millones, ahora hay US$ 3.000 millones. Ese es el ahorro que tiene el Estado chileno”.

Con ese telón de fondo, el ministro defendió la prudencia del Ejecutivo. “Contamos con US$ 3.000 millones. ¿Debimos haberlo gastado en esta emergencia? Yo creo que el gobierno ha sido muy responsable”, señaló, enfatizando que aún no está claro cuánto podría prolongarse o agravarse el escenario internacional.

Sin embargo, la presión por avanzar hacia una segunda tanda de medidas no ha provenido solo desde la oposición. Aunque este lunes no habrá comité político ampliado con los partidos oficialistas, las colectividades ya han comenzado a transmitir sus inquietudes al Ejecutivo.

A inicios de semana, la UDI emitió una declaración en la que, si bien valoró las medidas adoptadas, planteó que si “la situación fiscal lo permite, resulta indispensable que el Gobierno evalúe un segundo paquete de ayudas” para mitigar el impacto en los hogares, especialmente si las condiciones internacionales se prolongan.

En esa línea, la bancada de diputados gremialistas también se prepara para dar un paso adicional. Según transmiten en el sector, este lunes presentarán formalmente al Ejecutivo un conjunto de propuestas con medidas concretas para mitigar el impacto del alza de los combustibles.

El paquete -contenido en una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast- incluye iniciativas de corto plazo como adelantar y ampliar el Bono Invierno, postergar el pago del permiso de circulación y de contribuciones, además de establecer subsidios focalizados, como uno para la compra de gas licuado durante los meses de invierno. A ello se suma la idea de avanzar en mecanismos de devolución del IVA para productos de la canasta básica.

En paralelo, hace algunos días la bancada de diputados de Renovación Nacional sostuvo una reunión de coordinación con el propio García y la subsecretaria de la cartera, Constanza Castillo, en la que se abordaron iniciativas orientadas a contener el costo de la vida. Entre ellas, un vale de apoyo para la compra de gas, medidas para evitar alzas en el transporte escolar y la evaluación de un aporte directo a las familias, similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregado bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera en pandemia.

La idea, de hecho, no generó consenso pleno dentro de la tienda. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), afirmó el viernes en Radio Infinita que “el país no está en una situación para poder hacerse cargo de una medida de envergadura”.

Por su parte, la presidenta electa de RN, la senadora Andrea Balladares, aseguró que en su partido están trabajando en propuestas que puedan traducirse en nuevas ayudas, “siempre con responsabilidad fiscal”.

Desde las propias filas del Presidente, en tanto, republicanos ha puesto sobre la mesa alternativas que no impliquen mayor gasto público. En particular, han planteado la posibilidad de que el Ejecutivo dialogue con las empresas concesionarias para reducir temporalmente los precios de peajes y del TAG.

“Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley, está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas”, sostuvo el pasado jueves el diputado Luis Fernando Sánchez, quien además llamó a que la idea sea discutida en el Congreso.

Así, mientras el gobierno busca cerrar el flanco abierto por el alza de los combustibles y ordenar su frente comunicacional, en el oficialismo y la oposición comienzan a acumularse las presiones para que La Moneda dé un nuevo paso. Por ahora la señal desde Palacio es clara: no habrá compromisos adicionales mientras persista la incertidumbre económica.

El aumento de la presión de los partidos es un tema que inquieta a Palacio. Si bien transmiten que es propio de la crisis, esperan que al menos las tiendas de gobierno se mantengan a raya y no se excedan en peticiones. Esto, sobre todo en un escenario en que, de acuerdo con distintos sondeos de opinión, el alza de los combustibles repercutió en la aprobación de Kast.

Si bien, hasta ahora, dicen que la caída en las encuestas está dentro del margen esperado, en el Ejecutivo reconocen que quieren contener esa disminución de respaldo ciudadano a través del primer paquete de medidas y su despliegue.