Luego de que se conociera que más de mil personas con antecedentes penales empeñó bienes por 1.507 millones de pesos en la Dirección General de Crédito Prendario y que esta institución conocida como Tía Rica no verificara la procedencia de les especies -lo que facilitaría la posible recepción de especies robadas- , la bancada de diputados de la UDI exigió la renuncia del director de esta repartición, Cristóbal Sepúlveda, quien asumió el cargo en agosto de este año.

Los hechos descritos están contenidos en un informe realizado por la Contraloría General de la República. El periodo pesquisado es desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Adicionalmente se constató que en algunos casos, aún cuando ya se había confirmado que el usuario tenía antecedentes penales, no se realizaron las coordinaciones con Carabineros. A ello se suma el caso de un grupo de cinco mil usuarios frecuentes que empeñaron sus joyas entre 10 y 230 veces por año. Estas operaciones sumarían 14 mil millones de pesos.

“Lo que ha detectado la Contraloría General de la República es de la mayor gravedad, porque en otras palabras hubo casi 1.700 personas con antecedentes penales, a quienes el Estado les estuvo financiando sus actividades ilícitas durante bastante tiempo. En otras palabras, la ‘Tía Rica’ terminó funcionando con una agencia receptadora de artículos robados, que pagaba por todas esas especies y luego las remataba, al no ser reclamadas", criticó la bancada gremialista mediante el diputado Jorge Alessandri y la diputada integrante de la Comisión de Economía, Flor Weisse.

Por ende, a juicio de los parlamentarios, “el Gobierno tiene la obligación de exigir responsabilidades políticas, porque todos estos antecedentes dan cuenta de una grave negligencia en los controles internos y los procesos de verificación, que al menos entre 2023 y 2024 le permitió a miles de delincuentes financiar sus operaciones”.

“Aquí no estamos frente a errores aislados, sino que ante una falla estructural que permitió que delincuentes accedieran a recursos públicos sin ningún tipo de control. Cuando el Estado, por acción u omisión, termina facilitando o financiando eventuales actividades ilícitas, lo mínimo que corresponde es que se asuman las responsabilidades que correspondan. Por eso exigimos la renuncia inmediata del director de la ‘Tía Rica’, además de una revisión profunda de todos los procedimientos y protocolos de esta repartición”, complementaron.