Esta jornada, la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado avanzó en la discusión y votación en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que busca modificar la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.

Uno de los temas centrales de debate del proyecto fue la modificación presentada por el Ejecutivo a su polémica indicación que exigía a instituciones previsionales, de salud y establecimientos de educación que informaran a Contraloría, la PDI o a Migraciones antecedentes sobre extranjeros con procesos migratorios en tramitación.

De acuerdo a la nueva propuesta, explicada ante la comisión por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la indicación del gobierno ahora excluye a recintos de salud y colegios, escuchando así a las aprehensiones que manifestaron parlamentarios desde distintos sectores y también a la opinión pública.

“Vamos a hacer algo distinto que me parece súper interesante, que es al contrario: que se pueda pedir información a la mayor cantidad de entidades posibles, es decir, todo tipo de instituciones públicas, privadas, pero señalando las excepciones”, explicó Pavez.

Así, explicó, “para resguardar la preocupación respecto de la eventual disuasión de acercarse a la atención sanitaria o educacional, se ha excluido expresamente la posibilidad de requerir a nadie la información a centros de salud o instituciones de educación parvularia, básica y media, establecimientos públicos y privados de salud”.

Asimismo, tampoco se puede requerir la información directa a ninguna entidad pública o privada directamente respecto de menores de edad, “y por supuesto, se resguarda la integridad de los datos personales de acuerdo a la ley 20.430 y 19.628″, sostuvo.

Junto con esto, Pavez también apuntó a que ahora también se precisa que esto “es sólo para expulsión y no para cualquier procedimiento del servicio” y así, “se resguarda específicamente el interés sanitario y educacional y de los menores de edad a fin de que esos ámbitos estén protegidos”.

La presidenta de la comisión, la senadora Danisa Astudillo (PS) agradeció al subsecretario la voluntad del Ejecutivo de modificar la iniciativa y así llegar a este consenso, señalando que a su parecer, la indicación original “era una línea roja que no podíamos cruzar como país, hubiéramos sentado muy mal precedente y ya muchas organizaciones nos habían advertido, además, de los problemasque esto podía generar”.

Con esto, la indicación con las modificaciones presentadas por el Ejecutivo, fue aprobada por 3 votos a favor, y una abstención de la senadora Loreto Carvajal (PPD).

La votación en particular de las indicaciones pendientes a discutir continuará en la próxima sesión de la comisión.