Contraloría dictamina que fue “injustificado” y “no correspondió” el fallido nombramiento del “Gabinete Irina Karamanos”

Fue el pasado 21 de junio que se dio a conocer una resolución exenta del gobierno -de fecha 30 de marzo de 2022- que modificó el nombre de Primera Dama por el de “Gabinete Irina Karamanos”, estableciendo además modificaciones al cargo.

La resolución -que luego fue revertida por La Moneda- generó una ola de críticas y desde la oposición los diputados de la UDI acudieron a la Contraloría General de la República acusando que era un cambio “inconstitucional” y “arbitrario”. Esto, junto con solicitar que el ente contralor se pronunciara sobre si la Directora Administrativa de la Presidencia, Antonia Rozas, se había extralimitado en sus atribuciones.

Si bien el Ejecutivo echó pie atrás en la resolución -la vocera Camila Vallejo aseguró que el cambio de nombre “no fue visado” y luego el gabinete se pasó a llamar Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República- la Contraloría finalmente emitió una resolución este 18 de octubre.

En ésta, el órgano contralo afirma que “no correspondió denominar una unidad administrativa como “Gabinete Irina Karamanos”, ya que ello implicó utilizar injustificadamente el nombre y, en consecuencia, la imagen de la señora Irina Karamanos Adrian, pues la mención “Irina Karamanos”, en ese contexto, no se encuentra vinculada a los fines propios de la Presidencia de la República”.

El organismo liderado por Jorge Bermúdez también determinó que “del mismo modo y en el entendido que el sitio web “www.gabineteirinakaramanos.cl” fue creado para un fin institucional, tampoco resultó admisible que el dominio inscrito contuviera el nombre de dicha persona”.

La fallida modificación también establecía que al “Gabinete Irina Karamanos” le correspondía “identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva e géneros inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica”. A la vez que “asumirá el rol ceremonial y protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile en las actividades oficiales nacionales e internacionales”.

Sobre lo anterior, el ente contralor dejó en claro que “tampoco procedió que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, mediante la aludida resolución exenta N° 442, de 2022, consignara, en términos amplios, que al entonces “Gabinete Irina Karamanos” le correspondía intervenir en relación con la formulación de políticas públicas, ya que ello podía significar invadir las funciones que le competen especialmente a los ministerios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.575. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que la situación referida precedentemente se encuentra actualmente superada”.

En ese sentido, si bien Contraloría constató que “se han superado los puntos anotados, corresponde que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, en lo sucesivo, observe las consideraciones expuestas en el presente dictamen”.

El 4 de octubre pasado Karamanos concretó el primer paso para “terminar” con el rol institucional de Primera Dama -y dejar La Moneda-, con la modificación de estatutos de la Fundación INTEGRA. Ese fue el inicio de un camino que transitarán paulatinamente también las cinco fundaciones restantes que dependen de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República.