Al regreso de la semana distrital y de las elecciones primarias del oficialismo, quedó la convocatoria al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, acordada esta semana por la Comisión de Constitución de la Cámara.

La idea de los diputados es pedirle que aclare un misterio jurídico que se destapó en el Congreso y que hasta ayer no era aclarado por parte del Senado, ya que esta institución es la que cubre esos gastos: ¿Cuál es la base legal o constitucional para pagar las asignaciones a los expresidentes de la República?

Según temían legisladores de todos los sectores políticos, si el tema no es despejado, se abre una problemática mayor, donde algunos especulan que los exmandatarios Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei podrían verse obligados a restituir los fondos, salvo que exista un acuerdo político amplio que resuelva la encrucijada mediante una interpretación jurídica o, incluso, una ley exprés.

“Me gustaría que venga acá el secretario del Senado a explicar sobre la base de qué norma legal se siguen cursando esos pagos. Porque hasta donde yo entiendo, no hay ninguna norma legal que lo permita. Y esto nos podría meter aquí en una espiral bien compleja”, comentó el diputado Luis Sánchez (republicano), quien fue el primero en advertir este vacío tras un análisis realizado por su equipo.

El año pasado, la misma bancada republicana le había pedido sin resultados a la Contraloría un pronunciamiento jurídico.

Sin embargo, este tema recién comenzó a ser sopesado por otras fuerzas políticas (en el PS, en el Frente Amplio, en RN y en la UDI) a partir del conjunto de reformas que buscan modificar las rentas vitalicias que se pagan a expresidentes de la República, que apuntaban inicialmente a Gabriel Boric.

De hecho, el propio presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), reconoció que si el punto no se aclara podría haber presiones para que los expresidente reintegren los dineros fiscales, que anualmente superan los $120 millones de por cada uno. “En la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso ya no está. La única que haría posible sería una glosa en la Ley de Presupuesto y yo también pedí a mi equipo que revisara la Ley de Presupuesto, si es que había algo específico respecto de asignaciones de expresidentes, porque si no está en ninguna de esas tres, el que paga mal, paga dos veces, no enseñaron en la universidad, pero aquí el que paga mal tendrá que devolver lo que recibió mal. Así es”, dijo.

“¿Qué les parece esto, descubierto en la puesta en tabla de nuestro proyecto (para cambiar las dietas a expresidentes)? ¿Deben devolver ese dinero si esas asignaciones se han pagado sin asidero legal?“, escribió en redes sociales la diputada Pamela Jiles (independiente), autora de una de las iniciativas.

“Son fondos públicos. Y en esa condición, esos dineros deberían ser restituidos al Senado o al Congreso. Ahora, ¿cómo se restituye esto? Bueno, como lo que hay que devolver son las asignaciones, pero existe, efectivamente, esta dieta, ¿no? Lo que hay que hacer allí es, en base a eso, hacer los debidos descuentos hasta lograr el total pago de asignaciones que fueron mal canceladas", sugirió el diputado y expresidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi (independiente), también autor de una de las reformas para reducir la dieta de los expresidentes

El origen del problema

Si bien desde el año 2000 se pagaban sin problemas estas asignaciones fiscales para financiar oficinas y personal de apoyo a los exmandatarios, en 2020 se aprobó una reforma constitucional post-estallido social, que buscaba reducir los ingresos de altas autoridades y eliminar “privilegios”.

De esa forma, se borró de la Constitución la referencia que sustentaba el pago de las asignaciones a los expresidentes y solo se dejó la dieta (la renta personal que recibe una autoridad).

La idea era sacar de la Carta Fundamental las asignaciones (dineros fiscales que se otorgan a parlamentarios y expresidentes para gastos en el ejercicio de su investidura, como oficinas, viajes y colaboradores ).

En el caso de los diputados y senadores, las mencionadas asignaciones quedaron igualmente cubiertas en la Ley Orgánica del Congreso y en las leyes de Presupuesto.

Sin embargo, ese no fue el caso de los exmandatarios, cuyas dietas y dineros fiscales para cubrir gastos de su dignidad siempre estuvieron esencialmente regulados en la Constitución. Por lo tanto, las leyes de Presupuesto solo hacían una referencia general a la misma norma constitucional (la ley 19.672, también llamado “estatuto de expresidente”).

El problema es que al cambiar la redacción de la Carta Fundamental, la referencia también quedó obsoleta y las siguientes leyes de Presupuesto tampoco establecieron una glosa que habilitara en forma explícita los pagos de asignaciones.

Hasta el momento el único documento que habilita el pago es un acuerdo del 2020 de la comisión de régimen interno del Senado, que es integrada por la bancadas mayoritarias, para autorizar esos gastos.