Los diputados de la Comisión de Gobierno Interior, Claudia Mora (RN), Felipe Ross (REP.), Mario Olavarría (UDI), Javier Olivares (PDG) y Álvaro Jofré (PNL), además del diputado Eduardo Durán (RN), presentaron un proyecto de ley que busca tipificar como delito la ocupación de bienes públicos o de libre acceso al público para habitar o pernoctar mediante la instalación de los denominados “rucos”.

La iniciativa, según explicaron sus impulsores, surge como respuesta al creciente deterioro de los espacios públicos en distintas comunas del país y al aumento sostenido de este fenómeno, el cual genera problemas sanitarios, fomenta incivilidades y, en muchos casos, se transforma en un foco para la comisión de delitos.

“Hemos presentado este proyecto que nace del requerimiento explícito de los vecinos que ven afectado su día a día por la instalación de estos rucos. Los rucos se han tomado los espacios públicos, y no solamente eso, algo mucho más grave, se llena de incivilidades y de delincuencia”, señaló la diputada Mora, autora del proyecto.

De hecho, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los rucos a abril de 2024 llegaban a 21.272, un 102,4% más que en 2017, cuando el registro era de 10.509.

“Aquí no estamos criminalizando a las personas en situación de calle. Las personas en situación de calle deben ser atendidas por el Estado y los municipios hacen muchísimo esfuerzo en ir día tras día detrás de estos casos, pero vemos que vuelven a la vía pública y no a dormir precisamente en la vereda, sino a hacer instalaciones que luego se convierten en focos de delincuencia”, comenzó advirtiendo el diputado Felipe Ross, quien además agregó que “Hoy construir un ruco en la vía pública es plenamente tolerado en nuestra legislación y tiene que dejar de ser así”.

En tanto el diputado Álvaro Jofré, representante de la región de Tarapacá, declaró que “hemos romantizado la instalación de estos rucos, ya sea en playa, ya sea en parques, en cualquier lugar”, lo cual reviste una gravedad mayor ya que según lo que señaló en estos espacios sus ocupantes defecan, orinan, se drogan, consumen alcohol en la vía públicay en definitiva, se apropian del espacio público.

En concreto, este proyecto incorpora al Código Penal una nueva figura delictiva que sanciona con penas de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, a quienes ocupen total o parcialmente espacios públicos o de libre acceso al público para habitarlos o pernoctar, instalando estructuras u objetos que impidan o dificulten su utilización por parte de la comunidad.