Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca que los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asuman solidariamente los costos procesales cuando las querellas interpuestas por el Instituto resulten fallidas.

La iniciativa, impulsada por los jefes de bancada Miguel Mellado y Carla Morales, junto a la diputada Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, propone modificar la Ley N° 20.405 para establecer nuevas condiciones al momento de querellarse ante tribunales.

En concreto, el proyecto plantea que las querellas del INDH deberán contar con el voto unánime de los consejeros presentes en la respectiva sesión del Consejo. Si no se logra ese consenso, se permitirá la aprobación por mayoría absoluta, pero en ese caso, los consejeros que voten a favor serán responsables solidarios del eventual pago de costas procesales.

Además, la moción incorpora un cambio al artículo 8° de la ley orgánica del Instituto, estableciendo expresamente que será el Consejo el órgano que autorice la presentación de cualquier acción judicial, con el objetivo —afirman los autores— de “racionalizar” su uso y evitar su instrumentalización política.

La propuesta surge a partir de los cuestionamientos al rol del INDH tras el estallido social de octubre de 2019. Según los parlamentarios, en aquel periodo se presentaron acciones sin evidencia suficiente, lo que derivó en procesos judiciales fallidos, costos millonarios para el Estado y un impacto reputacional negativo para funcionarios posteriormente absueltos.

Uno de los casos mencionados por los impulsores del proyecto es el del excarabinero Sebastián Zamora, absuelto por tribunales tras su imputación en el caso “Puente Pío Nono”. El INDH debió pagar $40 millones en costas judiciales tras perder la causa. Otro caso citado es el del funcionario naval Ricardo Seguel San Martín, absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, y cuya querella también terminó con el Instituto condenado al pago de $14 millones en costas.

Según datos entregados por el INDH al Congreso, de un total de 2.809 causas judiciales relacionadas con el estallido social, solo 51 han terminado en condenas, es decir, un 1,82%.

“Lo que buscamos con esta moción es evitar que el Instituto, cuya misión es proteger los derechos humanos, sea utilizado con fines políticos para perseguir a quienes están encargados de mantener el orden público. La defensa de los derechos humanos debe ejercerse con seriedad, no con populismo judicial”, afirmaron los autores del proyecto.

En ese sentido, los parlamentarios aseguraron que “el Instituto ha sido utilizado para perseguir sin pruebas a miles de funcionarios públicos, lo que podría calificarse como un actuar sistemático desde una estructura estatal contra un grupo determinado de personas: los agentes del orden”.