El gobierno salió este jueves a cuestionar el proyecto de ley, que el Senado visó ayer, y que conmuta las penas privativas de libertad por otras menos gravosas a condenados que sean adultos mayores y que tengan enfermedades crónicas.

La iniciativa, en su primer trámite constitucional y a la espera de indicaciones, ha sido objeto de polémica debido a que beneficiaría a condenados por crímenes de lesa humanidad, que en su mayoría están recluidos en el penal de Punta Peuco por delitos cometidos en dictadura. También, según ha transmitido el Ejecutivo, beneficiaría al psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva, a María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala” y liberaría a más de 12 mil reos.

Ya el miércoles el Presidente Gabriel Boric llamó al Senado a no retroceder en materia de derechos humanos a propósito de esta misma iniciativa. Hoy, desde la renovada Plaza Italia, instó a que esto se reflexione en el Congreso, criticó que la iniciativa "consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país" y que por lo mismo desea que “no puedan salir libres”.

Al mediodía la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), se sumó a la ofensiva mediante una conferencia de prensa en La Moneda. “Queremos transmitir nuestra profunda preocupación por lo que ha sucedido ayer en el Senado de la República. Nosotros como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha chilena en el Congreso Nacional que busca abrirle las puertas de las cárceles a genocidas, a parricidas, a femicidas, a homicidas, es decir, a criminales muy peligrosos que hoy día están cumpliendo condena en las cárceles de nuestro país".

“Solo quiero terminar diciendo que además es muy contradictorio. No solo el que hace poco hayamos aprobado la Defensoría de las Víctimas y que hoy día el Congreso está avanzando en esto, sino que aquellos que han prometido mano dura con la delincuencia, por otro lado, estén abriéndole las puertas a las cárceles a los criminales más peligrosos que hoy día tiene presos nuestro sistema y nuestro Estado de Derecho en las cárceles de nuestro país", apuntó.

Al ser consultada sobre si vetarán la iniciativa, respondió que ello “depende de en qué estado llegue este proyecto en el marco de nuestro periodo de administración”.

“Por eso es tan importante el llamado que hacemos a la ciudadanía a estar vigilantes con este proyecto, al Parlamento que independientemente de la composición que va a tener después del 11 de marzo ponga en el centro el cuidado a las víctimas, el cuidado a la justicia chilena, el no retroceder en justicia, el no avanzar en impunidad, porque esto, insisto, es una amenaza a la seguridad de las personas, de la convivencia democrática y también, lamentablemente, un retroceso civilizatorio en nuestro Estado de Derecho”, añadió.

Del mismo modo, aludió al gobierno entrante de José Antonio Kast al señalar que “entendemos que si toda la derecha con representación parlamentaria está empujando este proyecto es porque es un proyecto afín a la futura administración, si no estarían haciendo un llamado a frenarlo".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se refirió al proceder del gobierno. Al ser consultado sobre por qué no habían presentado indicaciones, contestó: “Creemos que este proyecto se tiene que rechazar, que no debe ser aprobado y porque estaba en la etapa de discusión en general y mientras no se apruebe en general, no se puede entrar al debate en particular, que es el momento en el cual se presentan las indicaciones".

“Es tan amplio el proyecto que finalmente consagra la impunidad generalizada de nuestro país y va en contra de lo que el país demanda, que quienes cometen delitos graves respondan ante la justicia con condenas efectivas. Es una pésima señal cuando tenemos que enfrentar con decisión la delincuencia y tiene problemas técnicos desde el punto de vista de su redacción, desde el punto de vista jurídico, que lo hacen un proyecto malo y peligroso para el país", zanjó.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero (Ind), aseveró que "es un mal proyecto" porque, entre otras razones, "con el propósito de beneficiar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, se incorporan dentro de él a personas que han cometido delitos que el sistema institucional chileno considera extremadamente graves".

“Es una norma que avanza contra esa consideración de escuchar a las víctimas. Y por último, no puedo sino decir que además de ser defectuoso técnicamente, de poner en entredicho cuestiones que se han debatido en la agenda de seguridad pública en los últimos años, su propósito deliberado es evidentemente otro. Y ese propósito deliberado es beneficiar a quienes están condenados, por delitos de lesa humanidad (...) A quienes beneficiará mediante este subterfugio son personas que jamás han entregado un antecedente útil para saber dónde están (los detenidos desaparecidos). Por eso es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable", explicó.