Luego de una semana compleja -marcada por el alza de las bencinas y flancos comunicacionales- en La Moneda se instaló como prioridad retomar el control de la agenda y volver a conectar con una de las principales promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast: el endurecimiento de la política migratoria y la expulsión de extranjeros en situación irregular.

A 20 días de iniciado el gobierno, y tras una campaña donde incluso se instaló una cuenta regresiva para la salida de inmigrantes ilegales, dentro del propio oficialismo reconocen que comienza a crecer la expectativa por resultados concretos. Y pronto.

En Palacio, en todo caso, hay conciencia de que el primer hito será clave. En el Ejecutivo transmiten que el eventual primer vuelo de expulsión no sólo debe concretarse, sino también tener un alto impacto comunicacional, pues será la señal visible del cumplimiento de una de las principales promesas de campaña. Por lo mismo, en el gobierno apuntan a que ese momento sea capitalizado políticamente por el propio Presidente.

Así, este lunes, el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, aseguró -a solo días de asumir- que ya se están realizando gestiones para destrabar uno de los principales nudos: la relación con Venezuela, cuyos ciudadanos representan el 60% del total de expulsiones pendientes.

“Esperamos que eso lo podamos hacer durante las próximas semanas”, señaló -en Desde La Redacción, de La Tercera-, apuntando a que los primeros vuelos de expulsión o salidas podrían concretarse durante abril.

El diagnóstico que transmitió también apuntó a la herencia administrativa del gobierno. Según detalló, el servicio presenta “muchos desafíos y temas pendientes”, donde han identificado procesos aún en papel y un funcionamiento que dificulta acelerar las medidas. A eso se suman cerca de 46 mil personas con decretos de expulsión vigentes que no han sido ejecutados.

En paralelo, el Ejecutivo apuesta por una estrategia combinada: expulsiones, salidas voluntarias y un refuerzo de las fiscalizaciones, especialmente a empresas que contratan trabajadores sin regularizar su situación. De hecho, ya se coordina un despliegue con la PDI, Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, en un intento por ordenar un sistema que -según el propio Sauerbaum- presenta vacíos y descoordinaciones.

Pero la presión política comienza a escalar. Desde el Congreso, parlamentarios oficialistas coinciden en la necesidad de avanzar con mayor rapidez, aunque con matices sobre los tiempos y las prioridades.

La diputada independiente en cupo UDI por Antofagasta, Ximena Naranjo, aseguró que “la situación migratoria requiere avanzar con mayor celeridad. Ya estamos en una etapa donde las definiciones administrativas y los nombramientos debieran estar operativos, porque las demoras burocráticas terminan impactando directamente en la capacidad de respuesta del Estado”, advirtió la parlamentaria.

Naranjo agregó que “este es un tema que no admite demoras si queremos recuperar el control y dar señales claras de orden”, enfatizando que la ciudadanía espera “pasar de los diagnósticos a la implementación con medidas concretas y sostenidas”.

En tanto, el senador republicano por Tarapacá, Renzo Trisotti, enfatizó en que “el gobierno ya está trabajando en esta materia, con un plan que se viene desarrollando desde antes del 11 de marzo y que en los próximos 90 días debería mostrar resultados concretos. La expulsión de migrantes ilegales debe ser efectiva, fortaleciendo medidas como vuelos de retorno voluntario y fiscalizaciones en sectores donde hay mayor informalidad”.

Desde los diputados de dicha tienda, en tanto, llaman a dar margen para la implementación.

“El gobierno ha estado trabajando en esto desde antes de asumir, por lo que el proceso de desarrollo de esta agenda ha sido rápido y serio. Se hizo una promesa y se han realizado gestiones para llevarla a cabo, como nunca”, sostuvo la diputada Javiera Rodríguez. Con todo, reconoció que “no será de un día para otro”.

Otros, en cambio, introducen matices respecto de las prioridades. “Con la crisis de los combustibles que estamos viviendo hoy las prioridades cambian un poco y creo que eso es lo que la gente espera”, planteó el diputado del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez.

Aun así, el parlamentario valoró los operativos policiales recientes y sostuvo que espera que “esas detenciones lleven a expulsiones de quienes se encuentran irregularmente en Chile”.