A contrarreloj se encuentra trabajando la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para tratar de responder, no más allá de diez días -incluso antes-, la consulta de Contraloría respecto de si procede o no darle apoyo jurídico al exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), quien fue acusado constitucionalmente por la oposición.

Además del panorama adverso que cada día empeora para el exsecretario de Estado en la Cámara -donde ya hay una mayoría con votos del oficialismo y la oposición a favor de este libelo-, al gobierno se le abrió un flanco secundario relacionado con el sustento legal que tendría pagar su defensa dada su calidad de exautoridad.

A juicio del Ejecutivo corresponde asumir el financiamiento de este apoyo jurídico toda vez que a Pardow se le acusa por hechos ocurridos en el ejercicio del cargo, independiente de que él haya salido por su responsabilidad política en los cobros indebidos en las cuentas de la luz.

El lunes de la semana pasada, la titular de la Segpres, Macarena Lobos, había informado que el Ejecutivo prestaría ayuda a Pardow, aduciendo que “aquí lo que se está defendiendo es un principio”. “Hay una acusación que no se justifica. No se trata de una defensa personal, se trata de un tema institucional respecto de una exautoridad que ya asumió sus responsabilidades políticas”, dijo en entrevista a La Tercera.

En respuesta, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, anunció que iban a recurrir a la Contraloría.

Gobierno frena plan

La arremetida gremialista obligó al Ejecutivo a frenar sus planes, según informó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en entrevista con Desde de la Redacción, el jueves pasado. “El ministro Pardow aún no ha requerido el ejercicio de ese derecho (a que se financie su defensa). Y segundo, la oposición ha decidido ir a la Contraloría. Y el gobierno, por razones obvias y de prudencia, la decisión que ha comunicado es que, en el evento que el ministro Pardow requiera el ejercicio de ese derecho, no se va a irrogar ningún gasto, mientras la Contraloría no dictamine”, dijo.

La contralora Dorothy Pérez recién entró en acciones este lunes, al requerir al Ejecutivo sus fundamentos jurídicos respecto a su postura de dar apoyo a Pardow, quien fichó al abogado Francisco Cox para su defensa ante el libelo.

Dado este entrampamiento, hasta hoy el exministro aún no solicita formalmente al Ejecutivo ayuda en este plano. Incluso, en entrevista con La Tercera, el abogado Francisco Cox dijo que aún no tenía claro el pago de sus honorarios, pero que obviamente iban a esperar el pronunciamiento de Contraloría.

A juicio del exjefe de la División Jurídica de la Contraloría y profesor de Derecho Administrativo de la U. Chile, Julio Pallavicini, si bien hay dictámenes que permiten financiar defensa de secretarios de Estado en ejercicio, “no existe jurisprudencia de la Contraloría que haya resuelto el tema de los exministros”. “Técnicamente no encuentro habilitación normativa para que la administracion asuma la defensa de un exfuncionario, en especial, considerando que las actuales normas sobre contratación administrativa son mucho más estrictas para celebrar tratos directos. Tiene que ser muy fundada y excepcional (la medida)”, dijo.

Lo que sí está relativamente despejado para la defensa del exministro es que se tomarán los 10 días hábiles para responder la acusación. Ese plazo se cumple el próximo martes 12 de noviembre.

A partir de ahí la comisión revisora de la acusación, que preside el diputado Jaime Mulet (Frevs), tiene seis días y, “transcurrido” ese plazo -según dice la Ley Orgánica del Congreso-, correspondería que la Cámara vote el libelo en la sala.

Sin embargo, existe una fuerte presión de diputados opositores y también del oficialismo para que esa votación se realice antes de las elecciones del 16 de noviembre, incluso, un sábado, en medio del receso de la semana de trabajo territorial.

Escenario empeora

El análisis del gobierno y de la defensa de Pardow es que ese escenario sería el peor para el exministro, ya que, por factores electorales, más diputados se sentirían presionados a aprobar el libelo.

No obstante, el panorama es tan negativo que en el mismo gobierno ya hay resignación de que la votación en la Cámara está perdida, independiente de que el libelo se vote después de los comicios.

Hasta el fin de semana había al menos una veintena de diputados de la alianza gubernamental decididos a aprobar la acusación.

Este martes se sumó otra mala noticia para extitular de Energía, ya que la bancada del PC, que hace dos semanas había calificado como “improcedente e innecesaria” la acusación, ahora no se cierra a apoyarla ante los nuevos antecedentes del caso.

“Mientras la comisión revisora de la acusación no evacúe su informe, yo no creo que sea correcto que alguna bancada tenga tomada la decisión. Porque para eso son estas comisiones, para conocer lo que allí se va a entregar. Creo que lo más importante, de lo que pasó con las cuentas abultadas de electricidad y que es algo en lo que la derecha no se pronuncia, ¿quién les va a devolver y cuándo las platas a los chilenos y chilenas que se vieron afectados? Hoy día nadie habla de la devolución de esos dineros que a las familias más pobres sí les afectan. Esto desvía la atención”, dijo la diputada y jefa de bancada del PC, Lorena Pizarro.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC), quien desde inicios del gobierno ha sido crítica de la gestión del Ministerio de Energía, cuestionó que ahora se revelara que hace un año Transelec había ofrecido al gobierno devolver sobrecobro a los clientes, pero que no hubo respuesta oportuna del gobierno. “Este es un antecedente más que a mí me parece grave y que para mí, por lo menos, sigue dejando en evidencia la indolencia que tuvo el ministro en su momento respecto a una situación gravísima. Yo creo que tenemos que tomar medidas y yo espero que el gobierno y que el nuevo ministro que asumió hace muy poquito tenga en sus manos la responsabilidad de actuar rápido”.

Consultada por la postura de su bancada ante el libelo, Cariola sostuvo que “nosotros creemos que el ministro pagó de alguna u otra manera su responsabilidad política saliendo del gobierno; sin embargo, tampoco nos cerramos a nuestra facultad fiscalizadora cuando hay negligencias que son graves. Y creo que en ese sentido hay que buscar tener todos los antecedentes sobre la mesa para poder tomar una determinación respecto de cómo votar finalmente la acusación constitucional”.