Este lunes, en la tradicional cuenta que se informa en la sala de la Cámara de Diputados, el documento era más extenso de lo habitual, con un total de 31 archivos.

El punto que generó una sorpresiva ofensiva de diputados de derecha en contra del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue una iniciativa que presentó la bancada del Frente Amplio.

En el punto 27, el proyecto de los parlamentarios -entre ellos, Gael Yeomans (la jefa de bancada), Matías Fernández y Emilia Schneider- le otorga tres facultades a la Tesorería General de la República (TGR), en el marco del cobro de la deuda por el Crédito Con Aval del Estado (CAE).

La derrota de la derecha se dio a raíz de que Schneider solicitó pasarlo a la Comisión de Ciencias, presidida por Daniel Manouchehri (PS), y no a Hacienda, como lo solicitaron algunos parlamentarios de derecha. Sin embargo, el proyecto terminó en la Comisión de Educación.

Los mismos representantes del oficialismo hicieron el punto de que la iniciativa sería inconstitucional por irrogar gasto fiscal, así como la creación de nuevas facultades para la TGR.

“Quisiera saber si ese proyecto irroga gasto, qué opina la secretaría”, planteó el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

El diputado José Carlos Meza (republicano) en tanto, aseguró que “la pregunta válida no es solo si es que irroga gasto, sino también si es que afecta la administración financiera del Estado. Ambas consideraciones podrían llevar a concluir que el proyecto es inconstitucional”.

Su par de bancada, Luis Sánchez, secundó su planteamiento.

Finalmente, Jorge Guzmán (Evópoli) citó el artículo de la Constitución relativo a la facultad exclusiva presidencial para cuestionar la decisión. “No entiendo cuál fue el criterio que se aplicó para darle admisibilidad”, lanzó el diputado.

Consultado por este medio, el presidente de la Cámara respondió que “este es un proyecto que la Secretaría revisó y, aplicando las reglas que tiene nuestra institucionalidad, definió que se fuera a la Comisión de Educación porque ponía reglas de cobro, no irroga gasto y no se mete en la administración financiera del Estado”.

“Yo respaldo y viso esa decisión de la Secretaría”, enfatizó Alessandri.