Tras el escándalo de los cobros excesivos en las tarifas eléctricas, la oposición presentó una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

Con esta, la oposición suma ocho ofensivas presentadas contra secretarios de Estado a lo largo del mandato de Boric.

El primer caso se remonta a julio de 2022, cuando el Partido Republicano impulsó un libelo en contra de la exministra del Interior, Izkia Siches, por “comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución”.

Eso sí, en esa ocasión la Cámara Baja aprobó por 84 votos a favor la denominada “cuestión previa” presentada por su defensa, lo que significó desechar el libelo y considerarlo no presentado.

Meses después, la mirada se posó en la gestión de Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social. En el prólogo de la ofensiva se podía leer como argumento principal “abuso de autoridad y poder”. Dicha AC también fue rechazada.

El tercer intento se realizó seis días después. Esta vez dirigida en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. En los dos capítulos se le acusó por sus presuntas responsabilidades en los errores administrativos que terminaron con el indulto de 12 personas que cumplían condena carcelaria por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. La misma semana que se rechazó la de Jackson, se desechó la de Ríos.

Ya en junio de 2023 apuntaron contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Se le acusaba de priorizar una agenda enfocada en diversidad sexual, de vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos, y de ser responsable por los bajos resultados del SIMCE.

Seis meses más tarde, las filas opositoras cargaron contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. En el libelo se acusó a Montes de no ejercer control jerárquico de los organismos bajo su mando, a raíz de investigaciones por el caso Democracia Viva que daban cuenta de irregularidades en el traspaso de dineros a fundaciones.

Luego, en diciembre de 2024, llegó el turno de Carolina Tohá, cuando era ministra del Interior. Allí se le cuestionó su manejo en materias de seguridad y migración. La acusación no prosperó.

La siguiente ofensiva fue contra la exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, debido al escándalo por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. El libelo también fue rechazado.