Fue en la habitual reunión del comité político ampliado cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tomó la palabra para explicar los principales puntos de la ley de reajuste al sector público que ingresará esta semana al Congreso.

Se trata de una iniciativa que ha generado el malestar de la oposición y parte del oficialismo, sectores desde donde han tildado la medida como una “ley de amarre” para los funcionarios.

En la práctica, desde La Moneda han buscado salir a explicar estas semanas que la iniciativa no afecta a los funcionarios de confianza, quienes de hecho han sido mandatados -incluso mediante un oficio a los ministerios- a renunciar antes del 11 de marzo, jornada en la que José Antonio Kast asumirá el poder.

Que el concepto de “ley de amarre” haya sido instalado es algo que lamentan en el Ejecutivo, y así lo expresó a modo de mea culpa el ministro Grau durante la reunión de este lunes.

Hasta el Salón Democracia de Palacio llegaron también los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, y la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Por el lado de los partidos, en tanto, estuvieron Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio; Lautaro Carmona, del Partido Comunista; Paulina Vodanovic, del Partido Socialista; Jaime Quintana, del Partido Por la Democracia (PPD), y Óscar Oyarzo, vicepresidente de Acción Humanista.

El lamento de Grau al respecto vino acompañado por la exposición de los principales puntos de la iniciativa y una proyección de los votos que los jefes de partido entendieron como compleja, pues -en privado- plantean que la oposición logró instalar que es una “ley de amarre” y capitalizar con el asunto.

Por lo mismo, según presentes, el Ejecutivo también reconoció que salieron a explicar tardíamente la iniciativa.

La diferenciación ha sido reforzada estos días por los mismos Grau, Elizalde y Vallejo. En el marco de esta discusión incluso los titulares de Interior y Hacienda -más la ministra de la Segpres, Macarena Lobos- firmaron un oficio que se difundió entre todas las reparticiones del Ejecutivo, donde se volvió a enfatizar -ya se hizo en el último consejo de gabinete- que todos los funcionarios de confianza deben renunciar antes del 11 de marzo, día en que José Antonio Kast asciende al poder.

“En cuanto al personal que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales, jefes superiores de los servicios, cualquiera sea su modalidad de contratación, se establece que deberán presentar su renuncia al cargo a partir del 11 de marzo de 2026”, dice el oficio.

La crisis en Venezuela

Más allá de la “ley de amarre”, en la cita fue imposible evitar el tema que ha estado sobre la mesa desde la madrugada del sábado: la intervención estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. En el comité, el gobierno enfatizó que, en general, el oficialismo se mostró ordenado en respaldar la postura que adoptó el Ejecutivo.

“Como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país (...). La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, dijo el mandatario el mismo sábado en que Nicolás Maduro fue capturado.

Aunque el gobierno celebró que no hay voces disonantes, lo cierto es que sí las hay. Por ejemplo, aunque valoró la postura de La Moneda, la diputada PC Nathalie Castillo pidió a Boric exigir la liberación de Maduro. “Esperamos que, como lo han hecho otros líderes sudamericanos, insista en la libertad de Nicolás Maduro y la no injerencia de Estados Unidos”, dijo la parlamentaria.

El Congreso, de hecho, fue el escenario de numerosas vocerías para abordar lo ocurrido en Venezuela. Desde todos los sectores del oficialismo se cuestionó la reacción de Kast y se le exigió condenar la intervención norteamericana.