Los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue ante los cuestionamientos al magistrado por sus vínculos con los abogados imputados en la llamada trama bielorrusa.

El juicio político impulsado por el oficialismo acusa al magistrado de haber incurrido en la causal de “notable abandono de deberes”.

El libelo también lleva la firma de Lorena Pizarro, Ana María Gazmuri, Luis Cuello, Matías Ramírez, Arturo Barrios, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Leonardo Soto y Carolina Tello.

El 14 de noviembre, el Pleno de la Suprema abrió un sumario contra el juez luego de que se expusiera la relación que tenía con Eduardo Lagos, uno de los imputados en el caso en donde se indagan presuntas coimas para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

La presión llevó al magistrado a solicitar vacaciones para definir su estrategia al ver su carrera judicial de cuatro décadas amenazada.

“Creemos que su actuar se ha alejado del mandato de la Constitución. Nosotros tenemos la convicción de que el juez ha faltado gravemente a su deber de probidad y de independencia. Acá se ha generado una situación en donde en uno de los casos un juez de la República falló a favor de la empresa bielorrusa y da la casualidad que justo después de ese fallo, este juez se fue en un crucero con los abogados que eran parte de la causa”, señaló Manouchehri.

El diputado también criticó el actuar del magistrado en el caso Fundamenta y por su apoyo a César Maturana, el abogado que está casado con su hijastra y que, en dos años, ha integrado 19 ternas para notario y conservador en distintas jurisdicciones del país.

Tras el sorteo correspondiente en la Sala de la Cámara de Diputados, la tarde de este lunes, la comisión que estudiará la procedencia del libelo quedó compuesta por el diputado radical Cosme Mellado, el republicano Álvaro Carter, la independiente de la bancada DC Mónica Arce, el UDI Marco Antonio Sulantay y la suspendida militante frenteamplista Maite Orsini.

Una vez notificado, el juez tiene diez días para contestar el libelo.

La comisión tiene hasta seis días para poder pronunciarse respecto del contenido de la acusación.

En 52 páginas, el documento consta de tres capítulos acusatorios.

El primero apunta a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.

El segundo capítulo plantea la responsabilidad del ministro en presuntamente haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales.

El tercer capítulo responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

En su conclusión, el texto sostiene que los hechos expuestos permiten concluir que “el ministro Simpertigue incurrió en una infracción grave al deber de probidad al mantener vínculos sociales estrechos con abogados directamente interesados en una causa que él mismo había resuelto. Su participación en el fallo que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta -uno de los más relevantes en materia ambiental y urbanística del periodo- y el viaje en crucero realizado pocas semanas después junto a los mismos abogados constituye una conducta incompatible con el estándar de independencia e imparcialidad exigido a un ministro de la Corte Suprema”.

Y prosigue: “La proximidad temporal entre el fallo y la actividad recreativa compartida genera una apariencia objetiva de falta de neutralidad, prohibida por la Constitución y la Ley de Probidad, aun sin que exista imputación penal alguna. Al no abstenerse, no transparentar sus vínculos y no adoptar resguardos mínimos, el ministro incumplió deberes esenciales de su cargo, configurando así la causal de notable abandono de deberes al afectar la confianza pública en la rectitud e independencia del máximo tribunal del país”.